Contraloría abre investigaciones a las gobernaciones del Caquetá y Bolívar por corrupción en la salud

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La Contraloría General de la República abrió nueve procesos de responsabilidad fiscal que equivalen a más de $27.000 millones. Las investigaciones que se llevaron a cabo demostraron que hay prácticas como las del ‘Cartel de la Hemofilia’ en las gobernaciones del Caquetá y de Bolívar.

La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el departamento de Caquetá (GCC) revisó los contratos suscritos por esa Gobernación con las empresas Suiphar de Colombia S.A y con Distrimedical's S.A.S. Ambas compañías se dedicaban al suministro del medicament Factor VIII de alta pureza enriquecido con factor Von Willebrand.

La suma total de contratos equivalía a $7.433 millones que fueron destinados a cinco pacientes diagnosticados de hemofilia severa. Esto dejó en evidencia que la Secretaría de la Salud no corroboró ni verificó la veracidad de las historias médicas.

El equipo de la gerencia departamental pudo comprobar que los medicamentos que entregó la entidad eran diferentes a los que reportó en sus pagos. Esto causó el detrimento de la suma mencionada.

La GCC llamó por los recursos perdidos al exgobernador del departamento Víctor Isidro Ramírez Loaiza, quien era el operador del gasto en calidad de representante legal del ente terrirorial. También se llamó a Luis Eduardo Campo, secretario de salud de la época.

Las irregularidades contra los enfermos de la hemofilia también se extendieron en el departamento de Bolívar. La Contraloría General de la República, desde su unidad anticorrupción, abrió un proceso al evidenciar que la Secretaría de Salud Departamental pagó $20.000 millones por la supuesta atención integral de estos pacientes. Este pago debieron asumirlo las EPS porque el tratamiento de esta enfermedad está cubierto por el POS.

Se calcula que el presunto daño fiscal que se le ha hecho a Bolívar, equivale a $124 millones que no han sido indexados.