Contraloría Distrital investiga supuestas irregularidades en la entrega de kits de mercado y aseo

El concejal Jorge Colmenares dio a conocer que 15 alcaldes y exalcaldes locales de Bogotá fueron llamados a un juicio de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría Distrital debido a irregularidades en la compra de mercados para familias de escasos recursos en la pandemia.

Según lo expuesto por el concejal, un contrato con la Cruz Roja generó sobrecostos para la ciudad cercanos a $10.600 millones, entre los cuales $6.641 fueron por kit de mercados y kit de aseo. Además, hubo más de $3.000 millones en costos de administración cobrados por la Cruz Roja.

“Esto fue por la compra de kits de aseo y alimentación en épocas de pandemia, por un presunto detrimento patrimonial de 3.000 millones de pesos, 9.000 personas fallecidas recibieron estos kits, también 12.000 migrantes que no están registrados recibieron”, expresó el concejal.

En este sentido, expresó que cada mercado empezó costando $98.000 y se terminó pagando $118.000 por una supuesta decisión de la Secretaría de Gobierno. Ante esto, la Secretaría y las alcaldías expresaron que por el operativo humanitario se permitieron entregar 450.000 mercados a familias vulneradas.

“Las entregas de los mercados se hicieron con base en dos criterios: 1) Territorial, fundamentado en los mapas de pobreza de la ciudad que cruzan con el índice de vulnerabilidad y 2). poblacional sustentado en aquellos grupos que por su condición de vulnerabilidad necesitaban apoyos”, expresó Secretaria de Gobierno.

Según lo constatado por la Contraloría en varias localidades existen números de cedulas que se repiten, haciendo que las personas repetidas queden como beneficiarios. Según la entidad, 7.066 personas recibieron dos veces el kit alimentario, teniendo 1.627 casos en Ciudad Bolívar, Usme con 1.076 casos y Kennedy con 962.

Así mismo, la Registraduría anunció inconsistencias en varios números de identificación, de los 403.271 válidos, 44.445 presentaron inconsistencias. De estas, 9.786 fueron por cédulas canceladas y 18.389 para personas que no se encontraron en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).