Contraloría halló responsabilidad fiscal de 26 personas por el proyecto Hidroituango

La Contraloría General de la República declaró la responsabilidad fiscal de 26 señalados en el caso Hidroituango (17 personas naturales y nueve jurídicas) por más de $4 billones.

Este es uno de los mayores casos de imputación de responsabilidad fiscal en la historia colombiana, pues de los 28 investigados, solo dos quedaron exentos de responsabilidad: el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; y Jorge Mario Pérez Gallón, miembro de la junta directiva de Hidroituango (por Idea).

“La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango” dijo la entidad en un comunicado.

Explicaron que el fallo responde porque dichas inversiones en el proyecto, con corte a junio de 2019, excedían 114,94% el valor que fue inicialmente planteado para el proyecto. Además, explicaron que hay una responsabilidad por el lucro que se vio afectado luego de que el proyecto no haya comenzado a generar energía desde noviembre de 2018.

“Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía”, afirmó el ente.

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Los responsables

De los nombres que relacionó la Contraloría con la responsabilidad fiscal sobre el proyecto destacan el del ahora precandidato presidencial, Sergio Fajardo, quien fue encontrado culpable en calidad gobernador de Antioquia y por tanto de miembro de la junta directiva de Hidroituango.

Federico Restrepo es otro de los señalados, por su papel como representante legal de Empresas Públicas Medellín (EPM), al igual que Juan Esteban Calle, quien también fue gerente de EPM; y Luis Alfredo Ramos, en calidad de gobernador de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango.

Entre las personas jurídicas destaca la responsabilidad imputada a la Constructora Conconcreto S.A., que una vez conocido el fallo, informó: “Somos respetuosos de las determinaciones de los organismos de control, sin embargo, al no estar de acuerdo con el proceso ni sus consideraciones jurídicas, recurriremos a las instancias legales que sean necesarias para ratificar nuestro actuar”.

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Conconcreto agregó que recurrirá a un recurso de reposición y de apelación al fallo porque, según argumentan, hubo una violación al debido proceso.
“Este fallo tiene relación con el proyecto Hidroituango, en el cual continuamos ejecutando obras de mitigación de la contingencia ocurrida en 2018 y la puesta en marcha de las dos primeras turbinas en 2022, con el fin de garantizar la estabilidad energética del país y mitigar los riesgos que tiene nuestro cliente EPM en sus compromisos con la CREG”, dijeron en un comunicado.

Sergio Fajardo también se pronunció sobre el fallo que llega justa en medio de su actividad como precandidato presidencial. Aseguró que se trata de “un baldado de agua fría”.

“Seguiré enfrentando el problema como siempre lo he hecho. Nunca me he escondido porque tengo la tranquilidad de saber que mi equipo obró bien y con transparencia absoluta. Ahora debemos seguir agotando las instancias, pues tenemos cinco días para presentar una reposición: procesar las más de 2.000 páginas para argumentar por qué no estamos de acuerdo con la decisión”, aseguró Fajardo, quien añadió que se encuentra tranquilo y que durante los próximos días se conocerá la reposición.

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EPM también se pronunció con un comunicado que publicó en la Superfinanciera, asegurando que no había recibido comunicación oficial de la Contraloría. “EPM con su equipo técnico, jurídico y financiero estudiará las consecuencias que este podría tener sobre el desarrollo de Hidroituango”, explicaron.

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Según el fallo de la Contraloría, que tomó más de tres años para su elaboración, pues el material probatorio es amplio, el proyecto tuvo problemas de eficiencia por cuanto hubo omisiones de las advertencias que la Junta Directiva hizo desde 2013, cuando se vaticinó que el proyecto tenía alto riesgo en el proceso de planeación y construcción. En 2018 tuvo un retraso por el derrumbe en uno de sus túneles de desvío.

Las razones del fallo

Al menos cinco hechos sustentan el caso, según la Contraloría:

1. Atraso en los diseños y la construcción de las vías de acceso al proyecto, así como en los diseños de las obras principales, que llevaron desde el principio a que se idearan e implementarán planes de aceleración y recuperación de tiempos, “como consecuencia de falta de planeación, de desórdenes administrativos de Hidroituango, del hecho de que la junta directiva no conminara al gerente a cumplir en tiempo las decisiones que se adoptaban, y de decisiones improvisadas que introdujeron modificaciones sustanciales a las características del proyecto”.

2. Inclusión de salvedades en el contrato Boomt “que operaron en perjuicio del proyecto al convertir una típica obligación de resultado, como es la construcción de una obra, en una obligación de medio, aminorando de esta forma la responsabilidad de EPM, y que adicionalmente modificaron la distribución de riesgos del contrato en perjuicio de Hidroituango”.

3. Atraso en la suscripción del contrato de construcción de los túneles de desviación como consecuencia de “problemas de planeación que se manifestaron en decisiones administrativas y presupuestales inoportunas”.

4. Atrasos y defectos en la ejecución del contrato de los túneles de desviación suscrito con el consorcio Ctifs que supuso la implementación de planes de contingencia, recuperación de tiempos y aceleración, todo como consecuencia de “situaciones atribuibles al contratista, las cuales no fueron mitigadas a tiempo por EPM ni por Hidroituango desde su rol de vigilancia y control establecido en el contrato Boomt”.

5. Terminación de las obras de desviación por parte del consorcio CCI, bajo un plan de aceleración, “lo que aunado a problemas de planeación por la no contratación en tiempo de las compuestas para los túneles de desviación y la decisión de no ponerlas por falta de tiempo, en contravía de lo aconsejado por el board de expertos, condujo a la construcción de obras que no se encontraban inicialmente planeadas, y específicamente de un túnel de desviación, el cual adoleció de defectos constructivos, como consecuencia de la falta de diligencia del contratista, así como de la ausencia de control y seguimiento por parte del interventor”.

A continuación encontrará los comunicados oficiales de EPM y Conconcretossobre el fallo de la Contraloría: