Contraloría investiga condominios de Santa Marta por ocupación ilegal de playas

La actuación especial de la Contraloría General de la República denunció que grandes condominios se han apoderado ilegalmente de las playas de la zona de Pozos Colorados en Santa Marta, sin que el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (DADMA) realice alguna acción para impedir los perjuicios ocasionados.

Según señaló la entidad, serían los condominios "Cabo Tortuga" y "Sierra Laguna", algunas de las urbanizaciones que están afectando el sistema de humedales costeros del Lago El Dulcino, provocando daño al medio al medio ambiente a través de vertimientos ilegales al Lago El Dulcino y, en algunos casos, fragmentación y destrucción del sistema de humedales del lago El Dulcino y su respectivo ecosistema manglar, que rodea estas formaciones acuíferas.

Además, la CGR afirmó que durante la actual construcción del Edificio Sierra Beach se ha afectado el humedal Lago El Dulcino, provocada puntualmente por "descarga de sedimentos sólidos que favorecen la colmatación acelerada", explicó la Contraloría.

Sin embargo, no todas las responsabilidades caerían sobre los condominios, pues según la misma institución, todas las irregularidades citadas se deben a la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para el sistema de humedales El
Dulcino, que "debió ser elaborado y aprobado por el DADMA dentro de los
24 meses siguientes a la declaratoria oficial de los humedales en el año 2013,
de acuerdo con la normatividad ambiental vigente".

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado
alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de
manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran
tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico”, puntualizó Edgardo Maya, Contralos General de la República.

En oficio dirigido al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez,
Maya manifestó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de
proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se
hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las
autoridades llamadas a su protección”.

En la misiva, Maya expresó también que estas ocupaciones han generado enormes daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha visto reducida en más de nueve mil metros cuadrados (9.000 m2) en los últimos años , justamente por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística licenciadas por las Curadurías Urbanas, desconociendo la protección especial con la que cuentan estas formaciones naturales, establecida mediante la Resolución 869 de 2013 expedida por el DADMA, como autoridad ambiental y la DIMAR.