Contraloría investiga presunto festín de corrupción en contratos de San Andrés

La Contraloría inició la búsqueda de pruebas de un presunto festín de corrupción por $36.879 millones que se dieron en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con contratos en materia de turismo, salud e infraestructura.

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La intervención abarcó del 2019 al 15 de mayo de 2023, en el que se evaluaron los procesos fiscales en varios entes, en el marco de una intervención funcional ordenada por el despacho del Contralor General de la República.

En la evaluación se emitió un ‘Concepto Adverso’ para la gestión adelantada por el departamento de San Andrés, el municipio de Providencia y el Hospital Departamental de San Andrés, señalando la inobservancia de los principios de economía, eficacia, eficiencia y planeación.

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Uno de los hallazgos fiscales destacados corresponde a la construcción de una pista abandonada de bicicross en Providencia por $1.225 millones. Se identificaron deficiencias desde la estructuración del proyecto, sin gestiones previas ante las autoridades ambientales.

También se detectaron deficiencias en el proceso de recaudo por la tarjeta de turista, cuantificadas en $4.869 millones, revelando el uso de números seriales sin evidencia del ingreso efectivo a la Tesorería del Departamento.

Otra situación crítica involucra $155 millones invertidos por la Gobernación en el Centro de Salud San Luis, para la instalación de un ascensor que no está en funcionamiento, con pólizas de garantía vencidas, evidenciando falta de gestión para salvaguardar la inversión.

La actuación también evidenció $29.706 millones de recursos no ejecutados del convenio interadministrativo suscrito con Findeter, sin soportes de ingreso a las cuentas bancarias de la Tesorería Departamental. Además de un anticipo por $504 millones a un contratista por la adquisición de vehículos eléctricos no entregados ni instalación de la planta fotovoltaica en en la ESE Hospital Departamental de San Andrés.

En cuanto a la elaboración e instalación de letreros artísticos por $390 millones, se identificaron incumplimientos de especificaciones técnicas y discrepancias en los acuerdos económicos del contrato. La Contraloría resaltó la ausencia de mecanismos de seguimiento, validación y control, señalando falta de oportunidad en las transferencias de la Gobernación al Municipio, y disparidad en la información sobre recaudo y transferencia según los términos de ley.