Corte Constitucional ordenó uso de lenguaje claro y comprensible en procesos policivos

La Corte Constitucional ordenó a las autoridades administrativas el uso de un lenguaje claro y comprensible en sus decisiones, luego de fallar a favor de un vendedor informal de Ibagué cuyo puesto de ventas iba a ser demolido por orden de la Policía.

La Sala Primera de Revisión estableció que la falta de claridad en las decisiones administrativas puede constituir una violación del derecho al debido proceso.

Este decisión se debió a un comerciante informal que tenía una caseta de venta de bebidas en una vía nacional. En el año 2022, la concesionaria de la carretera presentó una querella policiva al considerar que estaba haciendo un uso indebido del espacio público, pues el comerciante había extendido una placa de cemento hasta la autopista.

En la audiencia ante una inspección de policía de Ibagué se leyeron los fundamentos de la querella y él aceptó su responsabilidad frente a dicha extensión y se comprometió a demolerlo. En esa medida, la Inspección lo declaró infractor y ordenó adelantar la demolición.

Una vez cumplida su promesa, Víctor, el comerciante informal, informó a la inspectora de policía.
Cuando la autoridad verificó los cambios, consideró que la ocupación del espacio público persistía y continuó con las diligencias para que se demoliera la caseta. Ante esta situación, Víctor acudió a la acción de tutela, al considerar que sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, trabajo y mínimo vital estaban siendo vulnerados.

Al estudiar el caso, la Sala Primera de Revisión encontró que parte del conflicto se dio porque la autoridad de policía no explicó su decisión con claridad. Esto llevó a que Víctor no comprendiera efectivamente la decisión y el alcance de la responsabilidad que estaba asumiendo.

La Sala Primera de Revisión estableció que es posible que la falta de claridad en las actuaciones administrativas genere una violación del debido proceso cuando se hace imposible para el público comprenderlas.

Asimismo, cuando se emplea un lenguaje que impide controvertir las decisiones administrativas.
De esta manera la Corte identificó cuáles pueden ser algunos de los escenarios en los que el lenguaje empleado por las autoridades administrativas no es claro. Un ejemplo de ello es utilizar solo un lenguaje técnico o especializado o limitarse a usar fórmulas rituales.

En consecuencia, la Sala precisó que las autoridades deben expresarse en formas que sean accesibles para el público general, que es el destinatario de las actuaciones de la administración pública.

En su fallo, con sentencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Corte anuló el proceso policivo contra Víctor y ordenó que cualquier nueva decisión deba ser comunicada con claridad.

También exigió a la Alcaldía de Ibagué ofrecer opciones de subsistencia antes de ejecutar cualquier orden de demolición. La Sala instó a la Red de Lenguaje Claro a colaborar con la Inspección de Policía de Ibagué para garantizar que las decisiones futuras sean comprensibles para todos.