Corte recibió conceptos de Gobierno Nacional para estudio de proyecto de infertilidad
Quieren que desde el Ministerio de Salud reglamenten el acceso a tratamientos y terapias de reproducción asistida.
10 de octubre de 2018![](https://img.lalr.co/cms/2018/10/10090735/justicia.jpg)
La Corte Constitucional recibió dos conceptos del Gobierno Nacional sobre el proyecto de ley que busca crear una política pública para la infertilidad, que aunque fue aprobado por el Congreso, fue refutado en su momento por el Presidente de la República, por lo que ahora está en estudio de dicha corporación.
Desde el sector salud, el ministro Juan Pablo Uribe aseguró en su misiva de 29 páginas que “con base en los principios y mandatos que contiene la Ley 1751 de 2015, la garantía del derecho a la salud no debe estar enmarcada en el acceso a los servicios y tecnologías contenidos en el plan de beneficios, sino que, a través de los mecanismos de servicios y tecnologías creados por el Ministerio de Salud, todos los servicios y tecnologías disponibles en el país están garantizados, es decir, no es posible realizar una ampliación como quiera ya todo está”.
El proyecto de ley también establece que desde el Ministerio de Salud con recursos públicos, reglamente el acceso a tratamientos y terapias de reproducción asistida, sin embargo, consideró el jefe de la cartera de salud que esto no es posible que se lleve a cabo sin que se haya evaluado si los mismos cumplen o no con los requerimientos y establezca si tiene resultados positivos.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda, en su misiva de 20 páginas, explicó que realizó un estudio a efectos de evaluar el impacto fiscal del proyecto y dedujeron que si se beneficia a un total de 235.914 parejas, al Gobierno Nacional le significaría un monto similar a los 13 billones de pesos, considerando que se deba dar vía libre a 3 ciclos de tratamiento.
Estos no son los únicos conceptos que han llegado a la corte, a juicio de la Procuraduría, el proyecto no estaría afectando el plan de beneficios de salud, porque el Gobierno sería el que cree los requisitos y mecanismos para acceder a los tratamientos y definir en qué casos estarían excluidos.
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