Corte Suprema de Justicia considera innecesaria la creación de una Corte Agraria Rural

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La Corte Suprema de Justicia aseguró que el sistema judicial colombiano cuenta con la capacidad y la idoneidad de su estructura para hacer frente a las urgencias que presentan los conflictos del uso, tenencia y propiedad de la tierra en el país. Por esta razón, consideró innecesaria la creación de una Corte Agraria y Rural.

Así lo confirmó el presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena, luego de insistir al Congreso en ajustar algunos detalles del Proyecto de Acto Legislativo 173 de 2022, en el que se propuso la creación de una corte especializada en los problemas de la tierra que existen actualmente al rededor del territorio nacional.

El presidente de la Corte Suprema, en conjunto con los presidentes del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas, y del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, aseguraron que lo que hace falta es la implementación de una jurisdicción agraria rural, lo que evitaría la creación de la nueva Corte Agraria.

Además, afirmaron que las funciones que se plantean entregar a la posible nueva Corte, ya son ejercidas y cumplidas por la Sala de Casación Civil y Agraria del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

“Por lo tanto, la reforma constitucional en trámite en el Congreso de la República debe centrarse en disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales. Este es el eje del cambio. Esta es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria y Rural requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra”, señalaron los tres presidentes por medio de un comunicado en conjunto.

Finalmente, enfatizaron en que las altas Cortes cuentan con la capacidad de hacer cumplir los derechos de la comunidad agraria del país, así como garantizar el cumplimiento del punto uno del Acuerdo Final de Paz, el cual especifica la necesidad de una "transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural".