Corte Suprema de Justicia deberá definir el sistema penal para el caso de Álvaro Uribe Vélez

A las 9:00 a.m. de ayer se reanudó la audiencia del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno a testigos y fraude procesal, ante la jueza 30 de Control de Garantías, Clara Ximena Salcedo.

Esta, sin embargo, nuevamente fue aplazada, luego de que la jueza solicitara que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aclare su competencia para conocer sobre la libertad del exmandatario.

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Cabe recordar que Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda (reconocido como víctima dentro del proceso), había solicitado que la jueza se declarara incompetente porque, bajo su interpretación, el proceso debía llevarse por la ley bajo la que había sido iniciado en la Corte Suprema de Justicia, la Ley 600 (que rige para los aforados), y que la renuncia del expresidente Uribe a su curul en el Senado de la República no implicaba un cambio de sistema, sino solamente de investigador.

El concepto emitido por la jueza, tras citar antecedentes jurídicos, es que el proceso debe llevarse bajo la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), como habían manifestado en la citación anterior el abogado del expresidente, Jaime Granados, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público.

Eso quiere decir que la funcionaria considera que mantiene su competencia para conocer la solicitud de revocatoria de la medida privativa de la libertad elevada por el apoderado del expresidente en la audiencia el pasado miércoles.

Sin embargo, como la jueza identificó un conflicto entre las partes sobre la materia, elevó el conflicto de competencias a su superior jerárquico.

Con esa solicitud, nuevamente la decisión sobre el proceso pasa a la Corte Suprema de Justicia, que ya había determinado su propia pérdida de competencia para continuar el proceso, tras la pérdida del fuero que desencadenó por la renuncia del expresidente al Senado.

Así, la audiencia se suspendió hasta tanto el alto tribunal no se pronuncie sobre la competencia de la jueza. Esto quiere decir que será el alto tribunal el que se pronuncie sobre cuál es el régimen penal bajo el que se deberá llevar el proceso, así como la competencia de la juez para decidir sobre la libertad del expresidente Uribe, quien, hasta tanto la Corte no se pronuncie sobre el particular, seguirá privado de la libertad.