¿Cuáles son las sanciones en contra de quienes elevan precios en ciudades turísticas?

En los últimos meses, una tendencia se ha tomado las playas y calles de diferentes ciudades turísticas debido a la inflación de precios tanto en platos, como en otras actividades para los visitantes. Prueba de ello son los casos en los cuales los turistas han tenido que pagar $2 millones por dos mojarras y dos cervezas en Cartagena. Los precios que se han cobrado a turistas en esta ciudad han alcanzado hasta $4 millones por, incluso, una carpa y un almuerzo.

Con el objetivo de erradicar esta práctica, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, solicitó a la Alcaldía de Cartagena solucionar el problema de los altos costos para turistas, o habría sanciones para la oficina del alcalde, William Dau.

Y, aunque esta problemática puede acarrear sanciones como el cierre de los establecimientos comerciales que elevan los precios a sus consumidores por cuenta de las denuncias, existe un trasfondo de regularización el cual es el punto de partida.

Según explicó Juan José Castro, socio director de Castro Muñoz & Abogados, el principal problema que se presenta en ciudades como Cartagena es la informalidad, puesto que “desde cualquier perspectiva lo que le permitiría a cualquier tipo de autoridad tener un control ante esta situación, por ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o las administraciones locales, distritales y municipales, es el hecho de que estos comercios existan legalmente”.

De acuerdo con el abogado, una vez estos establecimientos, o en casos, personas, estén a la luz de la ley, serán objeto de derechos y obligaciones y se les aplicará una normatividad especial. “El fenómeno de lo que sucede por ejemplo en Barú o en otros puntos turísticos de Cartagena, es que, como en muchos otros lugares del país, existe un comercio informal. Si uno se da cuenta, en el marco de estos abusos, se ve que la facturación se hace con papel de papelería y bajo ese concepto, nadie puede decirle al comerciante cuánto debe cobrar por sus productos, pues este vendedor, al no estar legalizado, no cuenta con obligaciones”, explicó.

Una de las soluciones que se ha adelantado desde la Alcaldía de Cartagena, por ejemplo, es establecer un control de precios que no ha sido acatado en su totalidad. Sin embargo, según Castro, esta no medida “no es la solución”, y al no cumplirse de forma efectiva, no se le puede ordenar al comerciante cuánto debe cobrar. “Las soluciones que han planteado las autoridades son insuficientes. Por ejemplo, disponer de un policía turístico no es efectivo, pues no tiene la facultad de decirle a un comerciante que no debe cobrar muy alto por sus platos”.

Igualmente, al ser informal, la persona que se vea afectada no podrá interponer una queja ante las secretarías de desarrollo económico. Lo que si podría hacer, desde lo penal, es exponer el caso bajo estafa, aunque, por lo general, este proceso no es trascendental.