David Murcia se enfrenta a 22 años de cárcel por lavado de activos

Después de que estuvo preso por nueve años en Estados Unidos, David Murcia Guzmán volvió a Colombia. Pero sobre él pesa otro proceso penal por captación ilegal y lavado de activos. Debido a estos dos delitos podría llegar a pagar hasta 22 años de prisión.

“El Faraón”, es el apodo con el que se le conocía a David Murcia Guzmán en el argot popular. Según reseña en su historia personal, Murcia se consideraba un joven aguerrido y emprendedor que desde muy joven intentó forjar un negocio independiente.

Este deseo por sobresalir como fuera en el mundo financiero, lo llevó a no optar por títulos universitarios y se centró únicamente en los negocios. Formó su marca, DMG, y con ella creó una empresa de vídeos turísticos y otros negocios de menor importancia. Hasta que, impulsado por una conferencia motivacional, decidió instalar un negocio que parecía innovador.

Consiguió un capital de $100 millones, instaló una oficina en el departamento de Putumayo y comenzó un negocio con el que recibía dinero de las personas y les entregaba utilidades altísimas. El negocio rápidamente cogió fama y se extendió por todo el sur del país. Así nació un emporio llamado DMG, y con él se estructuró el escándalo de las pirámides, que llevaron a la ruina a miles de colombianos.

Según el proceso penal que adelantaron las autoridades estadounidenses, esta estructura de negocio había sido utilizada para lavar dinero del narcotráfico. Debido a esta relación que, presuntamente, tuvo con los narcotraficantes del sur del país, las autoridades norteamericanas lo solicitaron en extradición.

Allí demostraron plenamente su culpabilidad y lo condenaron a prisión. En octubre de 2018 terminó su condena y previendo la solicitud de extradición de la justicia nacional, intentó pedir asilo ante las autoridades norteamericanas, pero le fue negado.

Ayer, a las 11:30 a.m. llegó al país el cerebro de DMG, una de las pirámides financieras que marcaron la historia del país.

Su proceso continuará con una nueva legalización de captura y una imputación por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. También tiene una multa pendiente de más de $17.000 millones, y una posible condena de más de dos décadas.