Defensor del Pueblo hace un llamado para que grupos armados cesen el uso de minas

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que entre 1990 y 2022 en Colombia se registraron un total de 12.322 víctimas de minas, lo que posiciona al país como el sexto en el mundo con más víctimas de minas antipersonal. Este anunció lo realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal.

“De las 270 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo hasta el día de hoy, 147 advierten sobre escenarios de riesgo relacionados con contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, siendo Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Norte de Santander los departamentos más afectados”, aseguró Carlos Camargo Assis.

Desde 2005, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró que el 4 de abril se conmemora en el mundo el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, para tomar conciencia sobre esta práctica violenta que afecta en mayor medida a la población civil.

La Defensoría del Pueblo ve con gran preocupación la siembra de minas antipersonales, pues sigue siendo una práctica común que afecta a la población civil en el país, generando graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“No es posible concebir un país en paz cuando aún hay minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en nuestros territorios, poniendo en riesgo la vida de las personas que viven en las zonas más afectadas por el conflicto”, agregó el Defensor del Pueblo.

Carlos Camargo Assis reiteró el llamado enfático a los grupos armados ilegales a respetar la vida e integridad de la población y a cumplir con las normas del Derecho Internacional Humanitario, que prohíben el uso de este tipo de armamento.

El Defensor del Pueblo también instó a las autoridades del Gobierno Nacional para que se acelere la labor en los territorios que permita cumplir el compromiso adquirido en el marco de la Convención de Ottawa, de ser un país libre de minas al término del año 2025.