Desvío de recursos del Estado por Electricaribe sería de $30.000 millones por año

La Contraloría General de la República está cada vez más encima del presunto fraude que se habría hecho en Electricaribe con los recursos destinados del Gobierno para los subsidios de usuarios de estratos 1 y 2.

De acuerdo con el contralor, Edgardo Maya, la malversación del presupuesto de la distribuidora de energía de la Costa superaría $200.000 millones si se analiza el periodo entre 2010 y 2016, lo que generaría un saldo cercano a $30.000 millones anuales.

Cabe recordar que el inicio de este escándalo se dio la semana pasada cuando la entidad señaló que la compañía se habría quedado con más de $78.000 millones en partidas presupuestarias para subsidios que se destinaron entre 2015 y 2016.

“Ellos se quedaron con esos dineros. Hubo falta de cumplimiento de las normas legales y vamos a proceder a la apertura de un juicio por responsabilidad fiscal porque ese dinero no es de la concesión sino de los colombianos. Además, nosotros consideramos que el costo ascendería de $200.000 millones”, dijo Maya en el marco del anuncio de un nuevo modelo para controlar el gasto y la inversión pública.

Según el funcionario, el proceso fiscal recaerá sobre todos los funcionarios que se encargaron de manejar esos recursos. “A quienes tenían la concesión los vamos a procesar, tienen que cumplir por ese daño fiscal porque manejaron dinero público”, añadió.

Adicionalmente, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) dio a conocer que Javier Lastra Fuscaldo, agente especial de Electricaribe, señaló que se está buscando una solución con la Financiera de Desarrollo Nacional para evaluar las condiciones “de la deuda anterior a la intervención con proveedores que asciende a $247.000 millones, de los cuales $56.103 millones corresponde a empresas del gremio”.

A pesar de que la Contraloría no dijo cuándo empezaría el juicio por responsabilidad fiscal, Maya reconoció que también abrirán un proceso similar contra los directivos de Estraval por la pérdida de $19.600 millones que le ocasionó al Estado un contrato de libranzas con el Banco Agrario.

“Vamos detrás con todas las actuaciones penales y fiscales”, dijo Maya, quien además anunció que se fortalecerá el sistema de vigilancia con tres tipos de auditoría en las entidades.