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Judicial

Extradición de la excongresista Aída Merlano abre nueva discusión binacional

Si la prófuga de la justicia llega al país, irá a prisión por la condena vigente de 15 años y sería judicializada, además, por el delito fuga de presos

29 de enero de 2020

José González Bell


Canal de noticias de Asuntos Legales

Luego del anuncio de que la excongresista Aída Merlano había sido detenida en Maracaibo, Venezuela, el Ministerio de Justicia informó que pedirá al presidente interino de ese país, Juan Guaidó, la extradición de la prófuga. Esta se hará una vez la Interpol de Venezuela confirme la captura.

Frente a esto, se abren varios escenarios de lo que sería el futuro de la exsenadora, pues la falta de relaciones entre Venezuela y Colombia puede dificultar su extradición y hay expectativa sobre cuál será la actitud que tome Nicolas Maduro frente al caso.

“Como no hay relaciones diplomáticas y los trámites de extradición son procesos de cooperación entre países, no podríamos expresar a Maduro (al no cumplir el tratado) porque no tenemos esa relación diplomática y por lo tanto no hay comunicación entre uno y otro”, afirmó la ministra de Justicia, Margarita Cabello en diálogo con La FM.

Esta situación abre un nuevo capítulo en las relaciones entre el presidente Duque y Maduro. Para Iván Cancino, abogado penalista, Guaidó no tiene la fuerza ni diplomática ni política para extraditar a Aída Merlano. Adicional a esto, según el experto, Colombia ha rechazado once solicitudes de extradición de venezolanos al vecino país por razones de falta de garantía.

“No creo que Maduro vaya a extraditarla y esto se va a convertir en un pulso. Creo que el Gobierno no debe ceder en sus reclamos internacionales por Merlano, no tiene el valor”, expresó.

Disputa con Venezuela por la extradición de Aída Merlano Así las cosas, sería voluntad de Venezuela si concede o no la extradición de Merlano, pues la ministra de Justicia fue enfática en que Colombia ha sido muy claro en que “no reconoce el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”. Según Cancino, si la prófuga de la justicia llega al país, irá a prisión por la condena vigente de 15 años y sería judicializada por fuga de presos.

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