El Consejo de Estado no estudiará demanda en contra de la elección del Fiscal General
En su momento los demandantes explicaron que, “existen suficientes evidencias que indican que cuando Martínez fue ternado, omitió información.
15 de enero de 2019
El Consejo de Estado inadmitió la demanda presentada contra la nulidad de la elección del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, porque supuestamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no contaban con la información completa sobre él cuando lo eligieron para el cargo.
En este caso, el magistrado Carlos Enrique Moreno, a quien le correspondió por reparto el estudio de la demanda presentada por Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo, estimó que ésta no podía estudiarse por caducidad, porque ya había transcurrido el tiempo que establece la ley para presentar la demanda.
A juicio de la corporación, había un plazo de 30 días para demandar la elección del jefe del ente acusador. Según esa interpretación, Dejusticia y las demás entidades que demandaron la elección del fiscal tenían hasta el 1 de septiembre de 2016 para hacerlo.
La demanda con la que pretendían tumbar al fiscal decía que, mientras Martínez Neira estaba postulado para ser jefe del ente investigativo, entregó información “incompleta e insuficiente” con base en la cual se produjo su elección en la Corte Suprema de Justicia.
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En su momento los demandantes explicaron que, “existen suficientes evidencias que indican que cuando Martínez fue ternado por el entonces presidente Santos para ser elegido Fiscal, no le informó a la Corte Suprema de Justicia que, durante el tiempo en que ejerció como abogado privado (entre 2015 y 2016) conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados”.
Según Dejusticia la omisión de dicha información alteró la decisión de los magistrados del alto tribunal, pues no tenían un panorama completo sobre las personas que competían por el cargo, que incluían también al ex ministro de justicia Yesid Reyes y la ex asesora jurídica del proceso de paz Mónica Cifuentes.
Para los demandantes, el ocultamiento de información de Martínez fue el detonante del conflicto de intereses que tiene con el entramado de corrupción más grande que se suscitó en el país, con la firma brasilera Odebrecht.
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