“El derecho ambiental en Colombia tiene un potencial enorme”, Luis Fernando Macías

Luis Fernando Macías, socio de PPU y quien gestionó el ingreso de la firma a la Red Interamericana de Especialistas en Legislación Ambiental (Riela), destacó en entrevista con AL que el derecho ambiental en Colombia tiene un potencial enorme, y además, señaló que es clave que se integre esta área con el resto del ordenamiento jurídico.

¿Cuál es la importancia que tiene para PPU entrar a formar parte de Riela y convertirse en la única firma colombiana que hace parte de esta red?
La integración de Macías Gómez & Asociados convierte a PPU en una firma vanguardista en el ejercicio del derecho ambiental corporativo. Al ingresar a Riela refuerza esa posición y sobre todo, le permite tener una red de firmas amigas a lo largo de todas las Américas, lo cual a su vez contribuye a un intercambio de conocimientos y experiencias en materia de derecho ambiental corporativo. Ese intercambio redunda en beneficio de los clientes por cuanto permite anticiparse a las tendencias que se presentan en otros países.

¿Cuántos firmas de abogados conforman esta red?
En este momento somos aproximadamente 17 firmas en el Continente.

¿Qué requisitos debieron cumplir para su ingreso?
Contar con un área ambiental corporativa sólida, comprometerse a promover el desarrollo del derecho ambiental corporativo o empresarial y honrar los diversos compromisos establecidos en los estatutos.

¿Qué leyes ambientales considera que hacen faltan en Colombia?
El país antes que más leyes necesita aplicar las existentes y sobre todo comprender la importancia del respeto al orden jurídico en su aplicación. Basta leer lo señalado en las memorias del primer Ministro de Ambiente para darse cuenta que desde esa época se hacía referencia a la inflación normativa. Cosa distinta es la necesidad de actualizar algunas normas que han entrado en desuso por ser expedidas para un país, un sector económico y una sociedad que hoy es totalmente distinta a la existente en el momento en el que se expidieron.

¿Cómo está Colombia en temas de derecho ambiental?
La doctrina jurídica es muy incipiente. Existe una tendencia a confundir lo ambiental con lo jurídico ambiental. Además, la aplicación de la ley de acuerdo con intereses y circunstancias particulares contribuye a la inseguridad jurídica. Faltaría una jurisdicción ambiental o por lo menos la creación de salas ambientales al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa. Otro aspecto que incide fuertemente en la inseguridad jurídica en materia de derecho ambiental es la tendencia a desconocer la transversalidad del derecho ambiental frente a otras ramas del derecho. Otro aspecto es lo que yo denomino la captura del derecho ambiental por la técnica, queriendo decir con ello, ocasiones donde priman criterios ambientales técnicos o económicos sobre el derecho. Consecuencia de esa tendencia un poco perversa del país, a pretender hacer primar la eficiencia y la conveniencia sobre la eficacia y el orden jurídico.

¿Qué tanto espacio tiene para crecer el área de derecho ambiental?
El derecho ambiental tiene un potencial enorme. La mejor muestra de ello son los recientes pronunciamientos judiciales. Colombia, -y no es chovinismo-, es tal vez el país con el marco jurídico más sólido que hay en las Américas. Hemos sido vanguardista a nivel occidental en materia de reconocimiento de derechos a la naturaleza, a pesar de las críticas académicas o desde la teoría jurídica que puedan realizarse.

¿Cuáles son los retos que afrontan los abogados que trabajan en ambiental?
Integrar el derecho ambiental con el resto del ordenamiento jurídico y sobre todo aceptar que el derecho ambiental hace parte de éste, pero en especial abrir la mente para aprenderlo antes que rechazarlo, estudiarlo y aplicarlo conforme el orden jurídico colombiano.

¿Cuáles son las claves para triunfar en el área ambiental?
Una de las claves para triunfar en esta área es entender que es una rama del derecho como cualquier otra, reconocer su carácter transversal y su sistematicidad dentro del ordenamiento jurídico. Pero, sobre todo, intentar aplicarlo sin perder su finalidad la cual es la protección ambiental, pero sin convertirlo en un instrumento utilitarista a los intereses de cada actor. Otro gran reto es ser honesto al momento de ejercerlo y aplicarlo, es importante que el abogado que se dedica al ejercicio del derecho ambiental, en la defensa de sectores de la sociedad que ven en ello una forma de reivindicación social, lo ejerzan con rigor jurídico y sensatez.