El país tiene demandas por más de US$4.900 en tribunales de arbitramento

Cuatro casos de los más importantes en contratación pública se están definiendo en tribunales de arbitramento. Árbitros y abogados internacionales disputan US$4.960 millones que podría pagar el Estado colombiano a empresas como Odebrecht, Gas Natural o Chicago Bridge & lron Company N.V. que lo tienen demandado.

En el desarrollo del cuarto Congreso de derecho empresarial, contable y de los negocios, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena, varios de los expertos que se desenvuelven en este campo discutieron las consecuencias que significa ceder las potestades judiciales a árbitros de otros países, frente a los recursos públicos.

El expresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont Pianeta, afirmó que “aun en materia arbitral no puede concebirse la posibilidad de que el Estado sea tratado como un particular”. También criticó que no existen mecanismos legales que garanticen un correcto desenvolvimento del Estado en esta clase de litigios.

“Los estados están perdiendo fuerza y los tribunales de arbitramento no están dando el respeto debido a los tribunales locales”, comentó Quinn Smith, árbitro internacional. Para el jurista, “el papel de las autoridades nacionales debe ser desfiscalizar los contratos y dirimir la relación entre el inversor y los recursos públicos”.

El caso de Reficar es un ejemplo claro de la problemática. Esta controversia la conoce un Tribunal Arbitral en París y podría configurarse una indemnización a favor de la empresa Chicago Bridge & lron Company calculada en US$2.000 millones. Por su parte, la controversia contractual de Ruta del Sol 2, la está definiendo la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), donde un particular estudia las pretensiones de Odebrecht, quien solicitó una indemnización calculada en US$1.300 millones.

Adriana Polanía, árbitro de la CCB, afirmó que “el arbitraje está revolucionando la contratación estatal”. Para Polanía, la implementación de este mecanismo fomenta la inversión extranjera porque “los inversionistas encuentran un juez neutral que garantice la protección de sus recursos”.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en este momento hay 40 entidades públicas con arbitramentos activos. De allí, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es la entidad con mayores está inmersa en 28 procesos. El director de la agencia de defensa jurídica de la ANI, Alejandro Gutiérrez, dijo que el Estado colombiano debe procurar por no llevar estos conflictos a estrados internacionales porque debilitaría el papel que juegan las autoridades administrativas.