El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores se refirió a la resolución de la protesta pacífica

El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, el día de hoy le envío una carta al ministro del Interior, Guillermo Rivera, en la que manifiesta comentarios o sugerencias con respecto a la resolución en la que se definió el “protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”.

La carta se enuncian algunos comentarios. El primero fue que los miembros de la Asociación creen que "que un protocolo debe recoger lo que ya existe en las disposiciones legales y no puede ir más allá de lo establecido por las normas", esto fue dicho con base en que les preocupa la creación de nuevas instancias, la asignación de funciones a los entes territoriales y entre otros temas. Para esto sugirieron que "se realice una evaluación de cómo esta nueva arquitectura institucional limita la autonomía de los Alcaldes y Gobernadores, genera nuevas reglas de juego alrededor de la protesta pacífica, y además se desconoce el pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional que estableció que la expedición de normas relacionadas con este tema, es de reserva de una ley Estatutaria y debe ser discutida en el Honorable Congreso de la República".

Luego, en la carta se hace referencia a la arquitectura institucional ya que "en la resolución se da directrices a los entes territoriales, en lo que tiene que ver con sus mecanismos de coordinación y quienes los conforman". Para la Asociación es importante reconocer que "desde la Constitución se
reconoce a los alcaldes y gobernadores como primera autoridad de orden público en sus territorios".

Respecto al tema de Puestos de Mando Unificado, la Asociación dijo que se presenta un carácter subjetivo que genera ambigüedad en la aplicación del protocolo, al decir que "su conformación es una decisión propia de las autoridades del orden nacional y territorial y la toma de decisiones de este espacio se considera no debe estar subsumida a otros espacios".