“El proceso de insolvencia empresarial no debe ser tomado como sinónimo de bancarrota”

El tejido empresarial del país recibió un golpe contundente desde que el covid-19 se expandió. Las cuarentenas y restricciones generalizadas hicieron que muchas organizaciones no sobrevivieran, y otras tuviesen que iniciar procesos de reorganización, también llamados procesos de insolvencia. La firma Nieto Abogados habló con Asuntos Legales para ofrecer un panorama sobre este fenómeno. El socio de allí Juan Antonio Vallejo y Juan Sebastián Gaviria, asociado, afirmaron que todavía hay desconocimiento del tema.

¿Cuál ha sido la importancia del proceso de insolvencia?

JV: Una de las repercusiones más importantes de la pandemia fue la crisis financiera que desató dentro de las compañías. Esto varía según el sector, pero en mayor medida es una disminución en los productos y servicios que la compañía ofrece. Esto hace que se descuadren los flujos de caja, y la insolvencia pretende reestructurar deudas de empresas que son totalmente viables, pero con crisis financieras. En la firma hemos llevado una docena de casos de este tipo.

¿Cuáles fueron los sectores con más procesos?

JG: Por supuesto que esta situación afectó más a algunos sectores que a otros. Entre los sectores más golpeados podríamos destacar el transporte, el turismo, los bares y restaurantes, entre otros. Con la pandemia, durante el 2020, según cifras de la Superintendencia de Sociedades, se admitieron 42% más de solicitudes, comparado con las que se recibieron en el año 2019. Es importante entender que este tipo de procesos no es sinónimo de bancarrota.

¿Cuáles han sido los retos para el país en insolvencia?

JV: Uno de los aspectos más importantes antes de entrar a un proceso de reorganización es entender las consecuencias de entrar a este tipo de proceso. Hemos visto en algunos casos que los empresarios se aceleran a presentar la solicitud para reorganización sin medir dos aspectos sumamente importantes.

¿Cuáles son estos aspectos?

JV:El primero está relacionado con los proveedores y acreedores, porque primero se debe evaluar cómo toman la entrada a un proceso de reorganización. Se debe generar una buena divulgación de que la decisión no es un proceso de quiebra, sino un proceso recuperatorio que llevará a la compañía a superar sus debilidades financieras. Debe ser votado y analizado por los acreedores.

El segundo está relacionado con las limitaciones al actuar común de las empresas cuando se inicia la insolvencia. Para mí uno de los mayores retos es la debida socialización y explicación de los asuntos que llevan a la compañía a la reorganización y cuáles son las soluciones que va a plantear la compañía para salir de su crisis financiera. Se debe tener en la brújula que esto es un proceso transitorio para reorganizar problemas financieros que se presentaron en un momento determinado.

¿Cómo está el país en insolvencia transfronteriza?

JG: En Colombia han habido muy pocos casos de insolvencia transfronteriza y uno de los retos es que no hay mayor conocimiento de las normas que lo regulan. Esto es muy importante tanto para los empresarios como para los acreedores porque deben tener claro qué significa este proceso.

La insolvencia transfronteriza, por su parte, no es un proceso de reorganización o liquidación como los antes mencionados, sino que se trata de un marco jurídico para la cooperación y coordinación internacional entre tribunales. Un trámite de insolvencia transfronteriza busca proteger los bienes del deudor, proteger los intereses de los acreedores y regular la cooperación entre las autoridades colombianas y las extranjeras.

¿Cuáles son los retos en insolvencia transfronteriza?

En el país ha habido procesos de este tipo en que destacan Qbex, Pacific Rubiales y, el más reciente, Latam Airlines. Casos como el de Latam Airlines han contribuido a robustecer esta área de práctica, lo que brindará a los empresarios un terreno más firme y predecible. En este sentido, el principal reto de la insolvencia transfronteriza en Colombia es que haya un mejor entendimiento de este régimen por parte tanto de deudores, quienes deben contar con la información suficiente para evaluar la conveniencia.