Estas fueron las extinciones de dominio de la Fiscalía a estructuras criminales durante 2020

Desde el extremo suroccidental del país, en frontera con Ecuador, el Fiscal General reveló que las labores contra las finanzas ilícitas dejaron una cifra histórica en afectación de bienes con fines de extinción del derecho de dominio.

A juicio de Barbosa, fueron impuestas medidas cautelares a 8.701 bienes, cuyo valor supera los $12 billones. "Este es el año con mayores resultados en extinción de dominio por el avalúo de las propiedades".

Los bienes afectados habrían estado al servicio de actividades ilegales o fueron adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, el deterioro a los recursos naturales, entre otras actividades.

En ese sentido, los mayores resultados se obtuvieron en los siguientes frentes:

Narcotráfico: 12 operaciones estructurales en las que se materializaron medidas cautelares contra 5.067 bienes avaluados en más de cinco billones de pesos.

Crimen Organizado: Al ‘Clan del Golfo’ le fueron ocupados 519 bienes por más de cuatro billones de pesos. De otra parte, se le impusieron medidas a 1.506 bienes de la organización criminal ‘La Oficina’, por un valor cercano al billón y medio de pesos.

Delincuencia organizada: Contra las redes dedicadas al narcomenudeo, homicidios, extorsión y otras conductas que inciden negativamente en la seguridad ciudadana se realizaron 85 operaciones con fines de extinción de dominio. Fueron afectados 1.381 bienes avalados en más de $453.000 millones ($453.608.864.225).

Delitos ambientales: A las estructuras vinculadas a minería ilegal, deforestación y otros delitos contra los recursos naturales se les afectaron 46 bienes por más de $53.000 millones ($53.300.000.000).

Corrupción: Por delitos contra la administración pública se ocuparon 66 bienes avaluados en más $40.000 millones.

También sobresalen resultados contra las redes de explotación sexual de menores de edad y mujeres, que perdieron 356 bienes por más de $16.000 , y las organizaciones involucradas en lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a las que se les ocuparon 76 bienes por más de $34.000 millones.