Las recomendaciones clave en el Informe Final de la Comisión de la Verdad

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En un momento catalogado como histórico por parte de las víctimas del conflicto armado colombiano, ayer, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), presidida por el sacerdote Francisco De Roux, presentó su Informe Final después de más de tres años y cinco meses de trabajo de recolección de información.

Para la elaboración de este documento, la CEV tuvo en cuenta alrededor de 15.000 entrevistas, recogió los testimonios de más de 28.000 víctimas de actores armados legales e ilegales, recibió aproximadamente 1.195 informes de diferentes organizaciones sobre hechos de violencia, analizó 730 casos de la misma índole e hizo presencia en más de 23 países para construir diálogos con personas exiliadas en razón del conflicto.

En el documento se pueden apreciar diferentes apartados sobre todos los testimonios, así como las diferentes recomendaciones que la institución del Sistema Integral de Paz establece para que el próximo Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, quien estuvo presente durante la entrega, tenga en cuenta para sus próximos cuatro años, enfocándose en la reparación a las víctimas y la búsqueda de la paz.

A pesar de la titánica tarea que fue entregada a 13 comisionados en noviembre de 2018, de los cuales dos (Ángela Salazar y Alfredo Molano) murieron antes de que fuera entregado el informe, el documento no tiene efectos judiciales, razón por la cual, las imputaciones penales ante cualquier autoridad no tienen ninguna validez.

“Recibimos la misión de esclarecer este conflicto, dignificar a las víctimas, alcanzar la convivencia en los territorios y establecer caminos de no repetición. Hicimos lo que nos fue posible, y lo entregamos hoy”, detalló De Roux para referirse al trabajo aglutinado de la institución y lo que se espera que suceda tras dar a conocer las consideraciones que el Informe Final plantea.

Entre las principales recomendaciones, la CEV expone un consenso como sociedad sobre las transformaciones necesarias para superar los factores que han facilitado la persistencia del conflicto y, también, evitar que pueda llegar a repetirse.

Para ello, como aspecto fundamental, la Comisión sugiere que debe darse una reparación integral a las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado, extendido por más de 50 años.

“A todo el pueblo colombiano, reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias; reconocer la injusticia de lo vivido y el trauma colectivo que compartimos como sociedad, y comprometernos con la reparación integral y transformadora de las víctimas del conflicto armado interno”, anotó De Roux. Otro de los aspectos destacados sobre los cuales se cimenta este punto es la implementación integral del Acuerdo de Paz, siendo este la base de construcción para la “paz total”.

Así mismo, se sugiera replantear el problema del narcotráfico para “avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo”, según se lee en el documento.

“En lo inmediato, urge adoptar un enfoque de derechos humanos y de salud pública en la política frente al cultivo, el consumo y racionalizar el uso de la acción penal frente a los eslabones más débiles de la cadena que permita, entre otros, superar problemas estructurales de pobreza, exclusión y estigmatización. Y poner en marcha una propuesta hacia la regulación rigurosa del mercado y el consumo bajo control estatal e internacional en un proceso en que Colombia puede y debe jugar un papel de inspiración y liderazgo” agrega.

El informe también propone mejorar la capacidad estatal por medio de garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y organismos de control y, a su vez, una nueva visión sobre la presencia del Estado y la Fuerza Pública en los diferentes territorios. En ese sentido, se sugiere modificar la forma de elección del fiscal general y garantizar la investigación efectiva de los aforados, y también separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.

“A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado y garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento; proteger a los funcionarios judiciales, a las víctimas y a quienes participen en los procesos”, destacó el presidente de la CEV sobre lo plasmado en el documento. Dentro de este apartado, también, se hace énfasis en la importancia de que las instituciones aborden el legado de violaciones de los derechos humanos, aspecto que involucraría una reforma o posible eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Por otra parte, garantizar condiciones de vida digna y la redistribución de tierras a las comunidades, entablar un enfoque diferencial de las recomendaciones, lograr una democracia representativa, así como establecer una política de memoria y verdad que busque fortalecer la independencia y autonomía de la institucionalidad y priorizar el diálogo con los grupos armados ilegales, especialmente con el ELN, son otras de las recomendaciones expresas en el documento. De igual manera, para el objetivo cumplimiento de estas recomendaciones, el informe expone la creación de un Ministerio de Paz que pueda articularse con otras carteras para la difusión de estos puntos y la consolidación de una cultura pacífica.