Territorios demandaron norma de ordenamiento del suelo por inconstitucionalidad
Aunque la norma busca asegurar la producción de alimentos, los entes territoriales argumentan que su imposición ignora la autonomía local
23 de abril de 2025
Cartagena, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cali, la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026). El proceso fue llevado hasta la Corte Constitucional.
La acción judicial sostiene que esta norma atenta contra la autonomía territorial que está consagrada en la Constitución, ya que obliga a los municipios y distritos a incluir en sus Planes de Ordenamiento Territorial, POT, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, Appa, que son definidas por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Upra. Los demandantes argumentan que esto va en contra de las competencias exclusivas que tienen los entes locales en lo que respecta al ordenamiento del suelo, tal como se establece en los artículos 311 y 313-7 de la Carta Política.
Controversia sobre las Appa
Las Appa son zonas agrícolas que el Gobierno nacional ha delimitado y que los municipios deben incluir en sus POT. Aunque la norma busca asegurar la producción de alimentos, los entes territoriales argumentan que su imposición ignora la autonomía local. Milton Pereira, asesor jurídico del Distrito de Cartagena, menciona que esta medida convierte a los municipios en "ejecutores de decisiones centralizadas", sin que tengan voz en la identificación o gestión de estas áreas.
Por su parte, Rafael Montes Costa, secretario jurídico de la Gobernación de Bolívar, destacó que la norma infringe el núcleo esencial de la autonomía territorial al limitar las competencias locales sobre el uso del suelo. Además, señaló que no se garantizó un proceso de coordinación adecuado entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.
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