Estos son los delitos por los cuales la Fiscalía investiga al ponente de la reforma tributaria, Richard Aguilar

El CTI de la Fiscalía General capturó a Richard Aguilar, hasta ayer senador de Cambio Radical y uno de los ponentes de la reforma tributaria, por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre 2014 y 2015 cuando fue Gobernador de Santander.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó una orden de detención preventiva por ser el presunto determinador de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos, coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

La Corte dijo que el senador “vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado -para sí y para otros- de dineros públicos”. Claudia Toledo, testigo clave en el proceso de Aguilar y exsecretaria de Infraestructura departamental, dijo en una entrevista radial que “direccionaban los contratos por instrucciones del exgobernador y había una estructura que se reunían a confeccionar unos pliegos”.

Las presuntas irregularidades se registraron en la adjudicación del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López en Bucaramanga, por un valor superior a los $24.000 millones.

Además de Toledo, Lenin Pardo, excontratista de la Gobernación, y cónyuge de Toledo, también colaborara con la justicia para desmantelar la presunta red de corrupción que incrimina a la Secretaría de Infraestructura de Santander y a la Empresa de Servicios Públicos de la ciudad, y cuyo direccionamiento de contratos de obras arrojó un estimado superior a los $500.000 millones.

Entramado de corrupción

Según la información de la investigación, la Fiscalía ya tiene bajo la lupa al empresario Julián Jaramillo Díaz, cuya labor fue la de asesor del despacho de Aguilar. Los testigos aseguraron que ajustó los pliegos de los procesos de las obras para beneficiar a quienes debían quedarse con los contratos.

La pareja de testigos hizo un compromiso para demostrar que el siguiente grupo de ingenieros hacían parte del grupo que direccionaba los contratos de la Gobernación de Santander: Édgar Báez Ariza, César Castro Villaveces, Silvia Natalia Oviedo Sánchez, Carlos Lopera Giraldo, Carlos Andrés Páez. Al parecer, Jaramillo era la persona encargada de liderar el grupo durante la administración de Aguilar.

Este despliegue de corrupción de diferentes funcionarios tuvo incidencia en el desarrollo de pliegos de condiciones de grandes proyectos de infraestructura, como el Corredor Vial San Gil-Charalá-Límites; también hubo una afectación del Corredor Agroforestal y el Tercer Carril en Bucaramanga. Los anteriores contratos superaron la suma de $478.000 millones.

Adicionalmente, Toledo y Pardo ayudarán a la Fiscalía a establecer si Edwin Ballesteros, representante del Centro Democrático, coordinó una presunta red de corrupción cuando ejerció como gerente de la Easant, acciones que habrían tenido el aval de Aguilar.

Sobre los hechos de corrupción relacionados con el estadio, la pareja de testigos también deberá testificar contra Andrés Mauricio Díaz, interventor de las obras de reforzamiento del centro deportivo.

Con la colaboración de Juan Diego Murcia.