Seis exfuncionarios de la Dian capturados por cohecho propio en delito continuado

Se realizó la captura de seis funcionarios de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales (Dian) y tres exfuncionarios de la misma entidad, por permitir el ingreso ilegal de mercancía a una red de contrabando en 2013, por un valor de $2.614 millones. Las capturas se dieron con un trabajo compartido entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian y el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

La investigación estableció que los exfuncionarios, que para 2013 se desempeñaban como inspectores de la entidad, habrían facilitado la entrada de contrabando para las organizaciones de Jaime Álvaro Tello Rendón, Óscar Orlando Puentes Corredor, Fabio Orlando Gómez Velandia, judicializados y procesados por los hechos ocurridos en ese año.

Los testimonios de los tres cabecillas de la estructura de contrabando ilegal, revelaron que los inspectores omitieron sus funciones de control aduanero y permitieron que la mercancía ilegal saliera al mercado y fuera comercializada. Además, en la investigación se comprobó que la red de contrabando habría modificado las listas de empaque y alteró la cantidad de mercancía que entró al territorio nacional.

Los capturados serán presentados ante un juez de garantías de Bogotá y la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de favorecimiento al contrabando en delito continuado y cohecho propio en delito continuado. Estas capturas se dan luego de que en abril y mayo del año pasado la Policía Nacional capturara a 22 integrantes de la red de contrabandistas, quienes aceptaron cargos por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer contrabando.

En ese proceso legal el señor Tello Rendón fue condenado a ocho años de prisión y Puentes Corredor a pagar 13 años. De acuerdo con las investigaciones, la red entregó documentos falsos a la Dian, elaboró facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certificó mercancía de origen asiático como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el propósito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el TLC. En 2017, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 62 propiedades avaluadas en $14.000 millones, que pertenecerían a los cabecillas de la red.