Fiscalía incautó bienes con fines de extinción de dominio por caso de Interbolsa

La vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, anunció este miércoles que fueron incautados diez bienes con fines de extinción de dominio a Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, vinculados en el caso Interbolsa. De acuerdo con el ente acusador, los bienes estarían avaluados en más de $20.000 millones.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron detectar los bienes que pertenecerían a Ortiz y Jaramillo, quienes fueron los gestores y beneficiarios del esquema fraudulento en el descalabro del Fondo Premium de Interbolsa.

De acuerdo con el rastreo financiero, pudieron establecer que los dos hombres intentaron mantener ocultos los bienes en territorio nacional, por lo que fueron cedidos a terceros y otras hacían parte de sociedades que les permitían hacer uso de ellas y disfrutarlas así no estuvieran a su nombre.

Los bienes que fueron cobijados con medidas cautelares están ubicados en Bogotá, Medellín (Antioquia) y en los municipios de Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta), indicó la vicefiscal.

De acuerdo con la delegada de la Fiscalía, lo inmuebles afectados corresponden a una “muy lujosa” casa en el sector de Chico, dos apartamentos en el exclusivo conjunto residencial Torres de Llorente y otro apartamento ubicado en la calle 92 con carrera 4, en Bogotá.

“En Medellín tenían oficinas y parqueaderos en el sector de El Poblado. En Tenjo (Cundinamarca), se halló una finca cuya propiedad fue afectada en un 50 %. Del mismo modo, en el municipio de Cumaral hallaron una finca de 103 hectáreas, cuya propiedad fue afectada en el 27 % y, finalmente, se ha registrado en la Dirección General Marítima (Dimar) y las capitanías de puerto de Colombia la medida cautelar respecto de la lancha Gaia, cuyo propietario real sería el señor Tomás Jaramillo Botero”.

Según Riveros, los dos hombres “ya habían aceptado su responsabilidad por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir, y fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión”, pese a que en la actualidad el proceso por captación masiva y habitual de dineros continúa.

Para la funcionaria, el desfalco bursátil empezó a ser investigado por la Fiscalía a finales del 2012, como consecuencia de la medida de toma de posesión de la sociedad comisionista por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En el marco de las investigaciones, la Fiscalía halló anomalías que consistían en el ofrecimiento de acciones en el denominado Fondo Premium de Curazao, el cual se presentaba como un producto financiero en el exterior que, en realidad, era un elaborado al esquema financiero y societario para beneficio de sus administradores y relacionados.

Por estos hechos, el ente acusador ha solicitado colaboración internacional para intervenir otros bienes que estarían ubicados en el exterior.