Fiscalía llama a interrogatorio a nueve personas en investigación del fondo para el posconflicto

La Fiscalía General de la Nación informó que se tomaron las primeras decisiones en la investigación que se adelanta por las posibles irregularidades en el manejo de los recursos para la paz los cuales eran adjudicados a proyectos productivos del posconflicto. En un comunicado de prensa, el ente de control, dijo que se vincularon nueve personas que serán llamadas a interrogatorio.

"El día de ayer se realizaron varios allanamientos a domicilios y oficinas de presuntos intermediarios "que estarían interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos"; tal como lo anunció el fiscal, Néstor Humberto Martínez", dice el documento que presentó la Fiscalía.

Las personas que fueron llamadas a interrogatorio son: Marlon Marín Marín, María Elvira Valencia Gómez, José Domingo Ardilla Neira, María Isabel Rueda Rueda, Yéssica Gómez, Nayib Vergara, Viviana Arias Garzón, Sonia Velosa Mogollón y Aldemar Cuello. Estas personas empezarán sus interrogatorios desde hoy.

Del tema se viene hablando hace un par de semanas cuando se denunció un posible caso de corrupción de la directora del Fondo Colombia en Paz, para ese momento, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, envió un documento al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el que confirmó que se adelantan investigaciones relacionadas con los procesos de contratación en el caso de los proyectos productivos en el posconflicto.

Martínez reveló que desde el año pasado la entidad acusadora viene siguiendo cómo se están administrando los recursos tras el acuerdo de paz. “Hemos advertido existencia de una red de intermediarios interesada en la adjudicación de proyectos a cambio de beneficios económicos en porcentajes sobre el valor mismo de los contratos”, reveló el fiscal general.

Del mismo modo, señaló que las investigaciones han determinado que los intermediarios tendrían acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación, y estarían ofreciendo compensaciones económicas a servidores públicos.