Fedesarrollo reveló que el crimen y violencia le cuestan al país $68 billones anuales

Fedesarrollo presentó un estudio en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo que examina el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe.

En el caso particular de Colombia, el informe reveló que los costos directos del crimen y la violencia fueron 3,64% del PIB de 2022, equivalente a $68 billones anuales.

Se identificaron tres tipos de costos directos. El primero fue costos en capital humano que fue equivalente a 0,88% del PIB. Estos costos incluyen la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios, los delitos no letales y la privación de libertad de los agresores, lo cual "reduce la capacidad productiva del país al limitar la contribución económica de las víctimas y las personas privadas de libertad".

El segundo consideró los costos para el sector público equivalente a 1,0% del PIB. Estos, según el informe, reflejan los recursos que el Estado asigna a la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario.

Y el tercero, se trata los costos para el sector privado que fueron de 1,76% del PIB. Estos corresponden a los recursos que las empresas y negocios deben invertir en medidas de seguridad para protegerse de la criminalidad, incluyendo vigilancia privada, sistemas de seguridad y seguros.

Los datos del estudio arrojaron que Colombia ocupa la octava posición entre los 22 países analizados de América Latina y el Caribe en términos de los costos totales asociados al crimen y la violencia como porcentaje del PIB, destacando el alto impacto de este fenómeno en la economía nacional.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, afirmó que el crimen no solo representa una pérdida de capital humano, "sino que también impone una carga económica severa sobre el desarrollo del país. Estos costos son recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema educativo, la innovación o la infraestructura, pilares fundamentales para aumentar el crecimiento económico”.

Algunos de los sectores productivos que afectan estos problemas son el turismo, el comercio, y asimismo, contribuye a la migración y disminución de la inversión. El estudio puntualizó además que estos costos, entre otros que son indirectos, representan un freno adicional al desarrollo.

“Estos hallazgos confirman la urgencia de una respuesta robusta y sostenida que priorice tanto la prevención como la mejora en la administración de justicia, lo que permitiría reducir los costos del crimen y la violencia, aumentar la confianza de los ciudadanos y el dinamismo de nuestra economía”, concluyó Mejía.