Fracking no es compatible con el principio de desarrollo sostenible que está en la Constitución

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La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado que declare como nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, los cuales fijaron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking.

La petición de la Procuraduría parte de que tanto lo establecido en ambos documentos no son compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible que están consignados en la Constitución.

Según el organismo de control, el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 van en contravía de lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución, y al artículo primero de la Ley 99 de 1993, ya que en estos se puede leer que incorporan los principios de precaución y de desarrollo sostenible en el manejo de las decisiones que puedan impactar el medio ambiente.

Para soportar lo anterior, la Procuraduría también citó que "considera el Ministerio Público que teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política".

Otros aspectos resaltados por la Procuraduría
De acuerdo con la publicación de la Procuraduría, la cual podrá leer haciendo clic aquí, el órgano de control pidió aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medio ambiente. "Consideró la Procuraduría que en caso de contaminación hídrica, esta repercutiría en daños irreversibles a los ecosistemas, fauna y flora del país, sin descartar el potencial daño a la salud del ser humano, no solo de quienes laboran y se exponen a las sustancias que hacen parte del proceso de fracturación, sino de quienes habitan en sus alrededores", detalló.

Además, pidió tener en cuenta el posible aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica, y un potencial daño a la salud del ser humano.