General en retiro habría conformado alianza con las AUC en el Catatumbo, según la JEP

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma de los acuerdos de paz en 2016, anunció hace pocos días nuevas imputaciones contra más de 10 antiguos militares que cumplían sus funciones en el Catatumbo, por el caso 03 titulado como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado”.

Los militares, que hacen parte del Batallón La Popa, fueron investigados tras identificar la formación de una organización criminal, aliada con el Bloque Norte de las Autodefensas (AUC), que en ese momento eran dirigidas por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

Uno de los personajes más renombrados en el caso es el coronel retirado, Publio Hernán Mejía, condenado a 14 años de prisión por la alianza con los paramilitares pues, según las indagaciones, Mejía les habría entregado armas y uniformes de guerra, obteniendo como retribución a víctimas.

“Se sirvieron de su mando y de su control en una estructura altamente jerarquizada, para emitir órdenes dirigidas a presentar asesinatos fuera de combate, como resultados operacionales legítimos”, comentó la JEP.

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A Publio Hernán Mejía se le atribuye la muerte de 75 inocentes presentados como bajas del estado, entre los que se encontraban mujeres, adolescentes y varios indígenas Kankuamos, además se le responsabiliza por la creación de dos grupos especiales, Zarpazo y Trueno, que operaban bajo sus órdenes.

La defensa de Mejía asegura que las acusaciones son un montaje, pues asegura que la Fiscalía pagó a criminales para que declararán en su contra, además de desaparecer las pruebas de documentación personal que tenía el batallón