Gobernador encargado y suspendido de la Guajira pretendía volver al cargo a través de una tutela
Wilbert Hernández Sierra, interpuso una tutela con la que buscaba reintegrarse como gobernador
19 de septiembre de 2019
El suspendido gobernador de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, interpuso una tutela con la que buscaba reintegrarse a cargo luego de la decisión de la Procuraduría que halló presuntas irregularidades en el polémico contrato de bilingüismo con la firma Niutelco.
El recurso fue interpuesto ante el juzgado 33 de Bogotá que negó la petición del mandatario guajiro, por lo que se mantiene en firme la decisión del ente disciplinario que fue proferida el pasado 22 de julio y ratificada un mes después.
Hernández Sierra imploró en su solicitud la protección al debido proceso y el acceso a cargos públicos, pero el despacho judicial le dio la razón a la Procuraduría y consideró que “que no se avizora irregularidad alguna en el trámite del proceso disciplinario y recordó que la tutela es un mecanismo para la protección de derechos fundamentales que están en riesgo.
El mandatario guajiro estaba en el cargo desde mayo pasado cuando fue designado por Iván Duque en reemplazo de Wilmer David González Brito, quien tiene líos con la justicia por, supuestamente, haber recibido una gran suma de dinero durante las elecciones atípicas de 2016.
El documento que suscribió Hernández Sierra es por cerca de $11.415 millones. El expediente que abrió la Procuraduría busca establecer la existencia de posibles faltas en la celebración de un contrato directo de un convenio interadministrativo con la mencionada empresa que tenía como fin el “fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira”.
En este mismo proceso, el ente de control disciplinario pidió que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico para el “fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento”, que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra Hernández Sierra.
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