Gobierno Santos anuncia ‘plan de choque’ contra asesinato de líderes sociales

Tras finalizar de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para líderes sociales el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció una serie de medidas para fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos en los territorios.

El presidente destacó que tanto los gobernadores y alcaldes deben poner un mayor esfuerzo y ayudar el Gobierno Nacional a luchar contra este fenómeno.

“Aquí tenemos que trabajar más de la mano con ellos y también asignarles unas responsabilidades especiales”, dijo Santos en referencia a la responsabilidad de las entidades territoriales, de los gobernadores y alcaldes.

“Este es un problema de todos y llega a todos los niveles. Ahí tenemos que hacer una serie de trabajos adicionales”, agregó Santos.

Entre las medidas el presidente afirmó que se fortalecerá la Unidad Nacional de Protección con más recursos para los estudios de riesgo colectivo, ampliar esquemas individuales y acelerar la implementación de la ruta colectiva de riesgo.

“Vamos a fortalecer la Unidad Nacional de Protección. Se le deben, creo $50.000 millones, ya le di instrucciones al Ministerio de Hacienda para que los trasladen hoy mismo. La unidad ha hecho una gran gestión pero está desbordada, por eso hemos dicho que le den más recursos y también vamos a reforzar la implementación de la ruta colectiva de riesgo”, sostuvo el mandatario.

Otras de las medidas consisten en acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad, sumando los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame.

Así mismo, el mandatario ordenó crear un plan urgente de intervención por 30 días en cabeza del Ministerio de Defensa para las zonas más afectadas por estos hechos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

De igual forma, Santos afirmó que ordenó priorizar el componente de seguridad a líderes sociales y de derechos humanos con acciones de control microfocalizados en veredas priorizadas.

“Para fortalecer la protección colectiva, el Ministerio de Defensa pondrá en marcha las Unidades Básicas de Protección, dependientes de las Seccionales de Protección de la Policía para desarrollar esquemas colectivos”, añadió.

Desde el Ministerio de Defensa, de acuerdo al presidente, se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por le Defensoría al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el acuerdo de paz.

Igualmente, se ordenó crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De la misma manera se creará un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales y de derechos humanos. Dichas recompensas serán mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.

“Reitero mi compromiso, el del Gobierno Nacional, el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, colectivos, grupos y las comunidades en riesgo. Las comunidades, los líderes sociales no están solos. Los vamos a proteger. Los asesinos no pasarán. La paz saldrá delante”, sostuvo el presidente.

De igual forma, Santos aseguró que se iniciarán investigaciones al interior de la Fuerza Pública debido a que en el interior de ellas se están presentando casos de corrupción para fortalecer las ‘mafias’ que están detrás del asesinato de los líderes sociales.

De acuerdo con el presidente, en los últimos tres años han ocurrido 181 homicidios de líderes sociales, de los cuales se han esclarecido 89.

Entre los asistentes a la comisión estuvieron el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; el fiscal General, Néstor Humberto Martínez; y el procurador General, Fernando Carrillo.