Hallazgos fiscales en las Corporaciones Autónomas Regionales suman más de $124.000 millones

Las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia (CAR), encargadas de administrar dentro del área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, están sujetas a control fiscal por entidades como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, lo que significa que no deberían tener malos manejos de sus recursos.

Sin embargo, el estar vigiladas no las exime de malos manejos y actos de corrupción. Según las cifras de la Contraloría General de la República, a través de las auditorías de control fiscal hacia las CAR, se puede ver que desde 2016 hasta la fecha, los hallazgos fiscales superan los $124.000 millones. Un dato desalentador cuando lo que está en juego son los recursos naturales vitales para todos los colombianos.

En el más reciente comunicado del 17 de julio de 2018, la Contraloría dijo que encontró hallazgos fiscales por más de $100.000 millones en 10 CAR durante este año y que se debería continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las corporaciones, debido a que esto ha permitido que cada una de ellas tenga su propio estatuto presupuestal y no hay coordinación con el MinAmbiente.

Ante la situación, Ramón Leal, Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), dijo que son conscientes de que en ese proceso se detectan las debilidades, “pero no compartimos la forma en como la Contraloría comunica esos hallazgos a la opinión pública, porque son afirmaciones que empañan la buena función que adelantan las CAR en sus regiones. La mayoría de esos hallazgos, en nuestro criterio, obedecen a unas complejidades que son problemas estructurales que están en la misma creación de la Ley que se dio para las CAR”.

Además, se refirió al debate de acabar con las CAR y aseguró que “estamos dispuestos a revisar las corporaciones, pero no para acabarlas, sino para fortalecerlas, y de una vez solucionar los problemas estructurales que son los que generan los hallazgos. Hay que revisar la conformación de los órganos de dirección, pero sin perder la composición desde el punto de vista regional”.

No obstante, los hallazgos evidencian una grave crisis desde 2016, por ejemplo, en Corporinoquia los hallazgos superan los $2.500 millones, donde la Contraloría encontró consultores fantasmas, calificó como desfavorable la gestión y consideró que no ha ejercido un control adecuado en los otorgamientos de permisos, licencias y concesiones ambientales.

Asimismo, en 2017, en un comunicado oficial, se destacó el hallazgo fiscal de $6.450 millones a Corpocesar en la construcción de la nueva sede, que resultó ser un elefante blanco, ocasionando un daño al patrimonio público por su ejecución irregular.

Otro caso representativo por monto es el de la CAR Santander con hallazgos por $5.711 Millones y la de la CAR Canal del Dique $18.154 millones. Por otra parte, en la CAR Cundinamarca, según el comunicado de la Contraloría, se evidenció que los hallazgos superaron los $72.000 millones por irregularidades relacionadas con los procesos de contratación, concentración contractual, así como las inversiones de recursos económicos realizadas.

Al respecto, el Director de CAR Cundinamarca Néstor Guillermo Franco dijo que “ya el organismo de control le ha trasladado los hallazgos a la Procuraduría y a la Fiscalía, y son esas competencias las que tienen que entrar a adelantar las investigaciones referidas”.

Agregó también que “no toda identificación de un hallazgo por sí misma representa una investigación concluida que determina responsabilidades, sino que es tan solo una primera noticia. En el caso del informe que se refiere a la CAR Cundinamarca, nosotros tenemos plena certeza de poder explicar todos los hallazgos que se han identificado y ha desvirtuar la existencia del presunto detrimento patrimonial de $72.000 millones que dice la Contraloría”.

Aún así, lo que se evidencia son manejos inadecuados en estas corporaciones por lo que cabe su revisión.

Antecedentes

Las Corporaciones Autónomas Regionales son la primera autoridad ambiental a nivel regional y de carácter público. Están dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Su función es la de administrar dentro del área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales.

El Ministerio de Ambiente, de acuerdo con las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, coordina los procesos de planificación y ejecución de las actividades de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, entre ellas las CAR.