Hoy se radicará la ponencia de la Ley de sometimiento del gobierno de Gustavo Petro

Con tres reformas en marcha, el Gobierno de Gustavo Petro empezará los trámites de los debates en el Congreso de la República con la ley de sometimiento. De hecho, para hoy se tiene prevista la radicación de la ponencia en el Congreso del proyecto liderado por el ministerio de justicia, Néstor Osuna, y del senador Ariel Ávila, cuya finalidad es ser la hoja de ruta para el desmantelamiento de las bandas criminales que no tienen un estatus político y que no hacen parte de la paz total del Gobierno.

Esta ley contempla cuatro debates en el Congreso que inician en la Comisión Primera del Senado y el cual, por agenda, iría hasta las sesiones extraordinarias a principios de julio.

Beneficos a bandas criminales
Según lo explicado en varias oportunidades por el ministro de justicia, este proyecto es vital para la paz total del Gobierno ya que sería el complemento de la Ley de Orden Público para desestructurar los factores organizados en el país porque está dirigida solo para las bandas criminales que tienen una jerarquía, pero que no tienen un estatus político.

El jefe de la cartera de Justicia aseguró que este es un articulado que le ofrece el Gobierno a las bandas criminales para que se acojan a la justicia y restauren a las víctimas, con la finalidad de obtener varios beneficios.

El documento señala que este proyecto va dirigido a “grupos que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, pero que no tengan ningún carácter político”. Igualmente, asegura que la red sea plural y tenga una estructura jerárquica.

Es decir, entrarían en este acuerdo el Clan del Golfo, la Sierra Nevada y Oficinas.

Al acogerse a la propuesta del Gobierno, estas bandas criminales deberán entregar información sobre su organización, desmantelar la misma, reparar a las víctimas, aportar a la verdad y entregar bienes de la misma.

Cabe resaltar que los bienes entregados entraran directamente a extinción de dominio. No obstante, los integrantes de estas bandas podrán mantener hasta 6 % de ese patrimonio ilícito para sus familias, según manifiesta el documento.

Según el documento, esta ley está conformada por tres fases para su funcionamiento: la primera fase iniciará con el presidente, quien a través del comisionado para la Paz, Danilo Rueda, harán los preacuerdos con las bandas criminales que deseen acogerse a los beneficios.

Acto seguido empieza una fase de investigación, procesamiento e imputación de los crímenes cometidos. En este punto, el ministro aseguró que existirán dos candados para evitar colados: el primero conformado por el comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar, Dirección Nacional de Inteligencia. Estos tendrán un plazo de tres meses para contrastar la información entregada y los integrantes. También tienen la facultad de excluir personas que consideren no hacen parte de la banda.

El segundo está conformado por la Fiscalía General, cuya función será verificar que hacen parte de la organización que aseguran, entregando bienes, modus operandi y evitando colados en el proceso.

Finalmente, en el tercer paso serán los jueces que imputen los delitos señalados a cada uno de los integrantes de estas bandas criminales para cumplir sus condenas en centros carcelarios.

Condenas
Según expresó el funcionario, existirán dos etapas en las condenas para quienes se acojan a este proyecto: Inicialmente, es un periodo en las cárceles ordinarias del país de seis a ocho años, sin beneficios y reducciones, según los delitos imputados. Posteriormente, habrá unos cuatro años obligatorios de justicia restaurativa. Esto consiste en una libertad condicionada para realizar actividades de restauración a las víctimas y de reinserción a la sociedad.

Los que se oponen
La Fiscalía y la Procuraduría han presentado públicamente sus críticas y cuestionamientos a la que consideran favorece a los victimarios. Para la procuradora Margarita Cabello ha asegurado que el proyecto de ley no establece unos mecanismos claros que aseguren los derechos de las víctimas. Además, que a su parecer, deja abierta la posibilidad de que las bandas criminales hagan pactos a su favor para la sujeción a la justicia.

A su parte, el fiscal Francisco Barbosa también lanzó duras críticas al proyecto al asegurar que "no se le pueden dar unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia, tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana, por la distinción de procesos”.