Incendio en la cárcel de Tuluá provocado por reclusos en motín deja 51 fallecidos
El director del Inpec confirmó que hay también 30 heridos por cuenta del amotinamiento, que tuvo lugar alrededor de las 2:00 a.m.
28 de junio de 2022
La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra tres funcionarios del Inpec
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que un incendio en la cárcel de Tuluá deja un saldo de, al menos, 51 fallecidos y 30 heridos en la cárcel de Tuluá. Esto, después de que un grupo de internos iniciara un motín sobre las 2:00 a.m., que provocó un incendio en el pabellón 8.
El General Tito Castellanos, director del Inpec, se dirige en este momento al lugar donde ocurrieron los hechos y confirmó que el incendio se produjo cuando prendieron unas colchonetas al momento en que la guardia intentó entrar al pabellón, donde hay 180 privados de la libertad, para controlar el motín.
Los heridos, entre los que habría guardias de la entidad, fueron atendidos en primera instancia por los bomberos de Tuluá, con lesiones por el fuego e inhalación de humo.
Según Castellanos, en este momento se adelanta un preconteo para verificar si hubo fugas y dar a los familiares de los reclusos información sobre su estado. Además, ya se habría identificado a una persona como posible responsable. Adicionalmente, señaló que en el penal no hay hacinamiento carcelario, aunque sí hay sobrepoblación.
El presidente electo, Gustavo Petro, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos y agregó que lo sucedido "obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la carcel y la dignificación del preso".
A su turno, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades para que se garanticen los derechos humanos de los privados de la libertad y ordenó el traslado de una comisión especial para atender la crisis.
De esta manera, nombró una comisión especial para que se pudiera atender la crisis que se estaba viviendo en el incendio, específicamente la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales actuarán en conjunto con Regional Valle y Provincial Buga.
Además, abrió una indagación previa para verificar si existe responsabilidad por parte de servidores públicos por omisión o extralimitación de funciones en el lugar de los hechos.
Por otra parte, se designo un equipo de 25 personas, conformado por fiscales especializados, investigadores, técnicos en criminalística del CTI y péritos forenses de medicina legal para investigar lo sucedido.
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