Juristas piden a la Procuraduría vigilar licitación de telefonía del Inpec

Una de las medidas aplicadas dentro de los centros penitenciarios del país desde 2011 para reducir las extorsiones, amenazas y estafas es el bloqueo de los servicios de telefonía móvil dentro de sus instalaciones, pues el mal es tan grande que el fiscal Néstor Humberto Martínez manifestó que 51% de las extorsiones telefónicas provienen de estos planteles.

Recientemente, por medio de la licitación pública 02 de 2017, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), encargado de contratar el bloqueo de las señales de celular en las cárceles del país, determinó que ese sistema, que hasta el momento es ofrecido por los operadores de telefonía como parte de un mismo contrato, entrará a licitarse como un servicio independiente.

El anuncio generó que varios sectores se manifestaran en contra. AL conoció que la presidenta del Colegio Colombiano de Juristas, Carmen Luz Consuegra, envió una serie de cartas con las que solicitó al procurador, Fernando Carrillo Flórez, y al secretario de la Transparencia de la Presidencia, Gabriel Cifuentes Ghidini, efectuar especial vigilancia sobre la licitación. Así mismo, escribió al contralor, Edgardo Maya Villazón, a quien pidió intervenir en el proceso de contratación adelantado por el Inpec.

Consuegra expuso por medio de las misivas, que de hacerse efectiva la licitación, esta derivaría en un detrimento patrimonial, al no contratar los sistemas de bloqueo de señal de celular y dejar en desuso los ya instalados.

Así mismo, sostuvo que se incrementaría la actividad delincuencial que se genera en los penales. La situación se agrava pues en el país hay 137 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron) clasificados en seis regionales. En ellos, a pesar de que la capacidad carcelaria es de 79.051 personas, hay recluidos 116.157 internos.

La advertencia se dio pues desde la implementación del Decreto N° 4768 de 2011, con el que se autorizó la inhibición y bloqueo de señales de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios, y la Ley 1709 de 2014, que definió que estos proveedores tienen la obligación de atenuar estas señales, el Inpec implementó en 16 de sus planteles el sistema.

Además, el plan que trabaja la entidad con el apoyo de los prestadores de telefonía local a nivel nacional tiene cubrimiento en 11 establecimientos de reclusión, y se conoce con el nombre de Cerrojo. Este sistema de Alianzas Público Privadas (APP) se instauró a través del Conpes 3828 de 2015, con el que se introdujo esta figura de financiación.

Otra voz que se manifestó en contra fue la de Horacio Bustamante, presidente del sindicato del Inpec, quien calificó de “despilfarro” el nuevo sistema y aseguró que podría costarle al país entre US$10 millones y US$12 millones. “Debe haber un estudio de factibilidad donde se determine que funcionarían correctamente estos inhibidores. El sistema penitenciario está atravesando por un momento muy difícil que requiere una solución de fondo como para que se lapiden así los recursos”, dijo.

Según Bustamante, estos fondos podrían emplearse en otras labores más urgentes como los servicios de salud y transporte dentro de los penales o en resolver la problemática de hacinamiento, que de acuerdo con las últimas cifras del Inpec sobrepasa 47%, pues hay más de 37.000 sindicados de más habitando las cárceles del país.

Sobre el tema, el Inpec dijo a AL que hasta que no culmine el proceso de presentación de ofertas para licitación el próximo 24 de noviembre no se manifestará al respecto.

Este diario habló con la Contraloría y la Procuraduría, y ambas entidades indicaron que no podrán manifestarse hasta que se firme el contrato. Por el momento, la petición de Consuegra está radicada en la Procuraduría Preventiva Delegada para la Función Pública.

Germán Gómez Remolina, profesor del área de derecho penal de la Universidad Libre, explicó que por ahora “la Procuraduría tendría que revisar como organismo de control preventivo si los pliegos de licitación están de acuerdo a la norma y ver si existe alguna situación que pueda presentar riesgo de irregularidad, dado el impacto en seguridad del caso”.

Antecedentes:
Con el fin de regular las medidas de utilización de dispositivos electrónicos dentro de los penales se emitió en 2011 el Decreto N° 4768, con el que se autorizó la inhibición o bloqueo de señales de telecomunicaciones dentro de lo establecimientos carcelarios o penitenciarios.

Por medio de la Ley 1709 de 2014, se contempló para los proveedores de redes la obligación de atenuar estas las señales y fue a través del Conpes 3828 de 2015 de Política Penitenciaria y Carcelaria que se introdujo la figura de Alianzas Público Privadas (APP) para la prestación de los servicios.

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