La Agencia de Defensa Jurídica reconoció responsabilidad del Estado en caso de Bedoya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos retomó el caso de la periodista Jineth Bedoya quien demandó a Colombia por los hechos registrados el pasado 25 de mayo de 2000 cuando fue víctima de secuestro, violencia sexual y tortura.

El juicio que ya está en su etapa final registró uno de los momentos más álgidos la semana pasada cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se retiró de la audiencia y recusó a cinco de los seis magistrados que llevan el caso.

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Tales recusaciones, que se presentaron mediante el director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, fueron negadas por el tribunal internacional.

En la audiencia de hoy nuevamente habló la periodista Bedoya pidiendo que cesara la impunidad en su caso y que se reconociera el hecho como tal para que haya un castigo.

"Lo que pido es que se le ordene al Estado romper el pacto de impunidad que ha rodeado mi caso por casi 21 años. Que la corte ordene que se investigue diligentemente mi caso para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, incluyendo a los agentes del Estado, quisiera medidas de protección a mi favor y el de mi madre", comentó Bedoya.

Hoy también intervino Camilo Gómez Alzate, reconociendo la responsabilidad del Estado colombiano en el crimen contra Bedoya. El vocero enfatizó que se reconocía la responsabilidad "por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima, y la obligó a contar lo sucedido 12 veces, y le pide perdón a Jineth Bedoya por los hechos y el daño que le causaron".

Así mismo, el director de la Agencia reconoció la responsabilidad del Estado en el incumplimiento del deber de debida diligencia en las investigación de las amenazas y la falta de investigación del ataque contra Bedoya y su madre en 1999.

Sin embargo, luego de que habló Gómez Alzate, intervino una abogada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado quien dijo: "no existen elementos en el expediente que permitan atribuirle responsabilidad a Colombia por la vulneración del deber de prevención".

Y agregó: "La periodista no avisó a las autoridades de su visita a la cárcel. El 25 de mayo de 2000 la periodista acudió a la cárcel sin haberle informado al Estado".

Bajo este argumento, la Agencia pidió ante la Corte IDH que se declare que el Estado no es responsable por "el incumplimiento del deber de prevención".