El Consejo de Estado señaló que la Alcaldía de Bogotá sí era competente para ordenar el cierre definitivo de establecimientos comerciales que funcionaban cerca de la reserva ambiental de los Cerros Orientales.
Estos negocios estarían operando por fuera de las normas establecidas para el uso del suelo en esa zona. Como en el caso de un motel que se encontraba en la vía a La Calera y cuyo cierre se coordinó con la alcaldía de Chapinero y la alcaldía de Bogotá.
Según indicaron las autoridades el establecimiento funcionaba en un área de adecuación y estaba situado en un barrio ilegal, por lo que no estaba siguiendo las reglas relacionadas con el uso del suelo.
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