La Corte determinó que el Gobierno incumplió con la reconstrucción de San Andrés

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Continúa el pleito por la reconstrucción de San Andrés y Providencia que había prometido el Gobierno anterior. Según informó la Corte Constitucional, el proceso de reconstrucción integral todavía no llega a término y la fecha de entrega parece todavía lejana.

La anotación la hizo la magistrada Cristina Pardo en la Sala Séptima de Revisión, quien también determinó que el proceso no ha tenido en cuenta las necesidades básicas del pueblo raizal, además de contar con políticas arbitrarias, pues desde la Corte se confirmó que no se cumplieron los acuerdos sobre las características de las viviendas.

Algunas de las entregas no contarían con infraestructuras fuertes para próximos eventos climáticos, tampoco con cisternas para el almacenamiento del agua lluvia y otras, incluso, no estaban completas o contaban con defectos en el sistema de saneamiento básico.

Ante el panorama, la autoridad dijo que tendrán que adoptarse soluciones judiciales para que se garanticen varios derechos fundamentales a los habitantes de la isla, como salud, agua potable, vivienda digna y saneamiento básico. Junto con la construcción, el Gobierno tendrá que garantizar que la nueva infraestructura sea resistente a nuevos desastres naturales, como el reciente huracán Julia, y también, que se mantenga su identidad cultural.

Siendo así, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina contarán con 30 días para intervenir el Hospital de campaña para que la población cuente con acceso al servicio de salud y otros 90 días para cerrar de manera definitiva los terrenos utilizados para guardar escombros, basuras y residuos orgánicos.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda y las dos entidades previamente enunciadas, tendrán 45 días para abastecer a los habitantes con mínimo 65 litros de agua potable al día y tendrán que solucionar el vertimiento de aguas negras al medio ambiente. Además, tendrán 15 días para realizar un proceso de consulta junto con la comunidad sobre la construcción de las viviendas. El proceso será vigilado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.