La Fiscalía ocupó ocho inmuebles del senador Armando Benedetti para extinción de dominio

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Nuevamente el senador Armando Benedetti está en el ojo del huracán. Ayer se conoció que la Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá; Puerto Colombia, Atlántico; y Villavicencio, Meta, de titularidad del congresista y otras tres personas, incluida Ruby Corredor Díaz, avaluadas en más de $8.000 millones.

La Dian suministró información que probaría que el senador presenta patrimonios por justificar para los años 2009, 2014, 2016 y 2017. Además, según dio a conocer la entidad, con el material probatorio se evidenció que presuntamente realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido acreditar. Asimismo, adoptaron una medida cautelar de $100 millones que corresponden a un leasing financiero contratado por Benedetti.

El abogado del senador, Miguel Ángel del Río, aseguró que su cliente es un tercero de buena fe, pues la anterior dueña del inmueble era Ruby Corredor Díaz, quien adquirió el bien de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y le vendió la propiedad el congresista. “Una unidad de extinción de dominio toma una medida cautelar arbitraria en contra de nosotros, y no tenemos ningún tipo de responsabilidad”, destacó.

Adicionalmente, Miguel Ángel del Río aseguró que solicitará un mecanismo de control de legalidad, para que se asigne al caso un juez de conocimiento para explicar porque la decisión debe ser revocada por la justicia.

Para Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, el control de legalidad permitirá someter a control de un juez la decisión autónoma impuesta por la Fiscalía, pero es una medida cautelar, mas no definitiva. “En Colombia, infortunadamente, las medidas cautelares duran más que las medidas definitivas, pueden durar hasta veinte años, porque los procesos de extinción de dominio se resuelven después de mucho tiempo”, señaló.

Asimismo, el penalista Francisco Bernate coincidió con la estrategia de la defensa del senador, pues “es una medida legalmente viable y que está bien planteada. Uno es el debate de fondo, que seguirá dándose, pero esta es una medida idónea para la defensa de la persona y los afectados con la medida”, puntualizó. Por otra parte, Juan José Castro, socio de Castro Muñoz & Abogados, aseguró que en el caso existen todas las herramientas diseñadas para que el afectado directo, que es el titular del bien o un tercero de buena fe, “pueda plantear los argumentos para llegar a concluir si son terceros de buena fe o no. Ese es el proceso, no directamente con una medida de control de legalidad que para este escenario no es la más óptima sino más bien hacerse parte, si el senador considera, que es un tercero de buena fe”.

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El senador aseguró en su cuenta de Twitter que la extinción de dominio no es contra él, sino “contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar el origen de los recursos para adquirir el apartamento”. Además, anunció que se declarará víctima en el proceso, ya que “quien vendió inicialmente el apartamento fue el propio Estado, que tenía la obligación de verificar el origen de los recursos de la compradora”, sentenció.