La implementación del Acuerdo de Paz podría demorar cinco años más de lo planeado

La Contraloría General de la República emitió un informe en el que alerta los riesgos de una posible desfinanciación en la implementación del Acuerdo de Paz. Esto porque en 2021 se registró una ejecución de $14,14 billones, un aumento de 2,3 veces más a lo registrado entre 2017 y 2020.

Uno de los riesgos advertidos por la institución tiene que ver con la “bolsa de paz” como vehículo de implementación, advirtiendo que 95% de la contratación es directa y que la modalidad no es competitiva. A su vez, en materia de recaudo señalaron que hay una disminución en el impuesto de carbono, lo que no es saludable para subcuentas como la sustitución.

“Estas deficiencias van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas en el Acuerdo, hasta aquellas que se presentan en la estructuración de pliegos, lo mismo que construcciones deficientes y detrimentos patrimoniales, entre otros riesgos”, puntualizaron.

Además, hay una desproporción en los recursos para el proceso de implementación debido a que son siete los departamentos en los que se concentra 71% de los recursos aprobados a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Estos son, Antioquia, Arauca, Cauca, Casanare, Caquetá, Tolima y Norte de Santander.

Lo anterior puede provocar que el acuerdo demore más tiempo de lo previsto, 20 años y no 15 como se tenía programado. Hay que tener en cuenta que durante los primeros meses del año la primera financiación de la implementación ha sido el Presupuesto General de la Nación, de donde ha salido 67% de los recursos.

Otra de las observaciones que tiene el ente de control es que 16% de los recursos del Presupuesto General de la Nación se ejecuta a través del Fondo Colombia en Paz, que ha administrado, desde sus inicios, cerca de $5 billones, de los cuales 91% han provenido del presupuesto, 2% de la cooperación y 7% de otras fuentes.

“La Contraloría considera que es evidente el reto asociado a la focalización de los recursos del Ocad Paz hacia los municipios más necesitados, para lo cual es necesario revisar la priorización y asignación de los recursos con criterios de equidad”, sugirió la Contraloría.