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Judicial

“La inversión privada está llegando a las regiones, a los territorios Pdet y por fuera de ellos”

El consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, hizo un balance de la implementación de los Acuerdos de Paz

22 de septiembre de 2021

Cristian Acosta Argote

cacosta@larepublica.com.co

Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

Hace dos días, LR llevó a cabo el foro “Movilización Ciudadana: Avances y temas pendientes”, en la cual se discutieron los retos durante los próximos meses en materia de movilización social.

El consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, hizo en el marco de la agenda un balance de los avances en la implementación de los Acuerdos de Paz. Entre los que ha estado que la Justicia transicional tuvo un presupuesto de $503.000 millones, inclusive en un año de difícil coyuntura por la pandemia.

“Durante 2020 el presupuesto para los tres componentes de la justicia transicional es de $503.000 millones y debo reiterar que ese es un presupuesto que se ha venido incrementando año a año y aún dentro de los tiempos en los cuáles la pandemia hizo difíciles las cosas, en ningún caso hemos tenido restricción”, dijo.

El funcionario destacó entre los logros que el sector privado está en varios de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y apoyo a programas sociales en los municipios Pdet. “Para quienes hayan hecho el seguimiento, en las últimas dos modificaciones legales de reactivación económica hay disposiciones específicas para la participación del sector privado en nuestros territorios Pdet y por fuera de ellos”, afirmó.

Específicamente explicó que gracias a la contribución privada se ha multiplicado por 1.000 la inversión social que existía en los municipios Pdet, lo que “no solo son recursos significativos, sino como lo señala el estudio del Observatorio de Inversión Privada, es la antesala para que la inversión llegue a esas regiones”.

Por otro lado, Archila agregó que el Gobierno Nacional, encabezado por Iván Duque, expidió la política pública llamada “Paz con legalidad”, la cual ordena que se deben abordar los temas de garantías jurídicas y política para la reparación de las víctimas, además de la reincorporación y sustitución de cultivos. “Hemos tenido una manifestación política en múltiples escenarios y con cada uno de los actores para que tengan claro que vamos cumpliendo”, aseguró Archila.

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