"La JEP es darle al sistema de justicia puntos de encuentro entre las víctimas y victimarios"

En medio de un complejo proceso migratorio proveniente de Venezuela y una incertidumbre en Colombia acerca de la institucionalidad para garantizar verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, visitó el país para asistir a III Seminario de Pensamiento Latinoamericano sobre los Derechos de la Infancia que se realizó en Bogotá, en donde se discutió acerca de los retos de los países para atender a las niñas frente a un escenario de violencia y de conflicto armado.

De acuerdo con el informe 'Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste', publicado por la Alianza por la Niñez Colombiana en noviembre de 2018, un total de 2.382.086 colombianos de entre los 0 y 17 años de edad son víctimas del conflicto armado.

La presidenta habló en entrevista con Colprensa sobre los retos que tiene el país en materia de protección de la niñez, así como de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y del fenómeno migratorio que se está presentando en la región.

¿Cuál es el principal reto que tienen los países de la región para avanzar en esa protección de la niñez?
Cuando hablamos de la protección de los niños quiere decir que ya han sido vulnerados y por esto creo que el término más apropiado es satisfacción de sus derechos. El mensaje de un Seminario como estos es tener una visión clara de lo que representa las responsabilidades institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil. Hay un tema puntual y es con el que nos queremos enfocar y está relacionado en la forma cómo están viviendo las niñas y adolescentes el problema de la violencia donde hay conflicto, delincuencia, crimen organizado, grupos armados, porque esta es una especial característica para que se de una multiplicación de la vulneración de sus derechos.

¿Qué balance hace de este seminario?
Este encuentro nos permitió hacer una reflexión sobre este tema, pero también asumir una posición y compromiso. Para la Comisión Interamericana y para mí es muy importante poder contar con estas estructuras de organización en las que se determinen que hay prioridades para atender y cómo vamos a trabajar para que haya el resultado que queremos: que los gobiernos y países cuenten con un sistema que garantice la protección de todos los derechos antes de que los mismos sean violentados.

Los países están fallando en este tema...
La muerte de los adolescentes en la región es mayor que los que mueren en un conflicto como el de Siria y esta es una situación que hay que atender. Colombia tiene un reto y un desafío, porque la vulneración de derechos persiste y sabemos que el país ha tenido unos avances en 2018 con los trabajos de los acuerdos de paz, las propuestas en materia de la Jurisdicción Especial, así como los planes y programas que hay para atender a los adolescentes desvinculados del conflicto y los esfuerzos para que nuevos conflictos no los capten. La presencia del Estado a través de sus instituciones es necesaria para que de manera preventiva podamos atender y darle unas respuestas a la realidad que enfrentan miles de colombianos, especialmente los niños y adolescentes.

¿Qué opinión tiene frente a una institución como la Jurisdicción Especial para la Paz?
Cuando se firmaron los acuerdos de paz y se establece esta fórmula especial de justicia transicional con una Jurisdicción Especial para la Paz, vimos que este mecanismo tiene una característica muy propia de Colombia y que se construye a partir de su realidad. Esto abre una gran posibilidad de darle al sistema de justicia la posibilidad de encontrar entre las víctimas y victimarios unos puntos de encuentro para que alcanzando una justicia, también se logre no solo perdón o reconciliación sino una paz con el reconocimiento de los hechos y de la verdad.

El conocer la verdad es una forma de reparación que las víctimas tienen que tener y la JEP está pensada con esa línea y fórmula. Creo que necesitamos que se haga un fortalecimiento de esta institucionalidad, porque debe dar unas respuestas que la sociedad viene reclamando, pero sabemos que no es fácil porque fueron millones de víctimas en medio del conflicto, solo en niños tuvimos 2 millones que no alcanzaron los 17 años y que fueron afectados por ese escenario.

¿Cuál es el reto que tiene Colombia en este tema de institucionalidad?
Es un gran reto el que tiene Colombia, pero creo que el país tiene en su fortaleza a la gente que estudia, que es preparada, que se preocupa por el conocimiento y este es un aspecto que amerita la comprensión de la ciudadanía, de las víctimas, el fortalecimiento de sus instituciones y el apoyo a las mismas. Las instituciones no deben estar en un vaivén o en una incertidumbre, porque lo que se necesita es que estén fortalecidas para que los colombianos tengan la seguridad de contar con una institucionalidad como la JEP fuerte y que responda a esas necesidades de la sociedad.

¿Qué opina sobre la decisión del Gobierno de objetar la ley que le da unas bases a la JEP?
Este es un tema propio del país y en nuestra responsabilidad desde la CIDH tenemos la responsabilidad de evaluar cómo las políticas públicas deben tener un enfoque de derechos humanos para todos los habitantes. Además, venimos evaluando el contexto en el que los acuerdos de paz se alcanzan y lo que representó toda la lucha previa y en lo que hoy todavía implica para retornar a una convivencia pacífica.

¿Cree que este escenario puede afectar la institucionalidad de la JEP?
Cuando la institucionalidad puede resquebrajarse y se somete a cambios los efectos no los podemos medir y el impacto muchas veces no puede ser previsto, por eso pienso que Colombia necesita darle un legitimidad y fortaleza a sus instituciones, porque los vaivenes e incertidumbres las afectan.

Es importante entender que las instituciones no son las personas, porque estas últimas entran y se van, y cuando hablamos de un fortalecimiento institucional es que se dé una plataforma de actuación sólida y blindada. No creo que sea bueno mantener a la institución en ese escenario de incertidumbre, porque la afecta y ya van muchos meses en este proceso. No solo el Estado y el Gobierno tienen que decidir y determinar, sino también los colombianos deben estar atentos a lo que representa la fortaleza de la institucionalidad en materia de justicia.

¿Qué preocupación tiene la CIDH frente a la incertidumbre en la que está la JEP?
Nosotros esperamos que se pueda llegar a un acuerdo final y que sea positivo, pero lo importante es que exista un resguardo de que la institución mantenga una fortaleza y legitimidad para sus actuaciones, con el objetivo de que sus decisiones no sean una crítica a la institución para que luego se diga que la misma no sirve. Creo que la preocupación que nosotros podemos expresar es que es necesario buscar como Estado, como ciudadanía y país, una convivencia pacífica de todos los colombianos y cómo se va alcanzar esto para que haya memoria, verdad y justicia, que es lo que quienes vivieron la tragedia de la violencia y el conflicto necesitan encontrar como respuesta.

Organismos internacionales han venido asegurando que Colombia no ha entrado a una etapa de posconflicto, porque persisten unos focos de violencia ¿Qué opina desde la CIDH frente a esto?
En la CIDH estamos monitoreando esta situación y sabemos que hay unos focos en los que hay una incidencia muy fuerte en lo que el proceso de paz pretende alcanzar. Somos del criterio de que esto es un proceso y que se tiene que trabajar, por ejemplo, con la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Estado tiene que identificar cuáles son las causas del conflicto y allí la presencia de la institucionalidad es fundamental para que esos brotes de violencia, que están impidiendo que se consolide el proceso, los podamos atacar para blindar su expansión en el país.

Este es un proceso y escenario duro y complejo porque no son grupos débiles y son poderosos económicamente y, por lo tanto, no les interesa que haya paz. Quieren tener todos los espacios posibles para seguir en una actividad lucrativa e ilegal en donde la población no les importa y este es un compromiso que tienen los colombianos y tengo la esperanza de que su fortaleza les permitirá alcanzar los frutos de la paz.

El país está en un complejo escenario frente al asesinato y protección de los líderes sociales. ¿Cómo evalúan desde la CIDH este aspecto?
Cuando un Estado no protege a los líderes sociales y las personas que están preocupadas por defender los derechos de la población, se va debilitando así mismo. Nosotros lo que hemos hecho es establecer unos proyectos de cooperación para que mediante el estudio e investigación de la situación podamos establecer unos planes que coadyuden al Gobierno a dar esos pasos en una protección efectiva de estas personas. Por su puesto que la responsabilidad de los gobiernos y las obligaciones de los Estados de proteger la vida de la gente siempre será para un país un compromiso y por eso nosotros esperamos que no solo en Colombia, sino también en países como México, Guatemala, entre otros, podamos dar un apoyo técnico en lo que representa atender un problema como estos.

La región está viviendo una migración sin precedentes por la compleja situación de Venezuela. ¿Qué hacer frente a esa vulneración de derechos que genera este proceso migratorio?
Este es un problema de toda la región, pero principalmente de Venezuela, en donde su población está migrando en masa y en donde la comunidad internacional tiene que saber que su situación es de desesperanza y que la única expectativa es salir a ver qué se puede hacer para buscar unas mejores condiciones de vida. Uno de los temas de preocupación que tenemos esta relacionado con los niños, en donde hemos tenido una información muy cruel y difícil, por ejemplo, tenemos conocimiento que más de 8000 mujeres migrantes están embarazadas en la región y esto representa unos verdaderos retos, ya que tenemos de por medio la vida de miles de personas inocentes y que buscan una posibilidad de sobrevivir.

¿Qué piensa frente a las opciones de una intervención militar en Venezuela?
Creo que es importante que la comunidad internacional entienda esto y sabemos que están haciendo una evaluación sobre la forma cómo se debe enfrentar esta problemática y ayudar para que haya un respeto de los derechos humanos, tanto de los venezolanos que se quedan en su país como de los que están migrando. Tengo que ser enfática que esa solución debe ser pacífica y no una fuerza de intervención de la comunidad internacional, sino de apoyo y de búsqueda de una salida política y negociada porque se está generando también una afectación a los países.

Colombia tiene un gran reto con la atención de los migrantes y más cuando se debe resolver el cumplimiento de los derechos de todas las personas de su territorio y esta no es una situación fácil de atender, pero creo que es responsabilidad de la CIDH y de otros organismos internacionales estar vigilantes y monitoreando la forma cómo se están desarrollando los hechos para hacer un llamado de atención a la comunidad internacional que nos permita dar una posibilidad de protección de estas personas.

¿Cómo mira a Colombia en los últimos años en el cumplimiento de los derechos humanos?
Acabamos de presentar un informe de los avances y actuales desafíos que tiene Colombia y tengo que destacar que han habido unos avances en algunas cosas importantes y han impulsado el fortalecimiento de una institucionalidad y creo que ese es el camino, porque debemos seguir en esa línea que es efectiva. No obstante, todavía hay unos desafíos para poder dar unas respuestas y soluciones en materia de derechos humanos a todos sus habitantes, porque hay unas personas que están en unas condiciones de pobreza extrema y en donde niños han muerto por cuenta de la desnutrición.

Es decir, el país está fallando en hacer presencia en los territorios...
Cuando hablo de una presencia del Estado en el territorio es ese balance que hay que hacer para saber cuánto le falta a Colombia para estar en esas zonas que llamo la Colombia profunda, llena de necesidades y desigualdades. El país tiene que aprovechar este momento en el que se tiene un plan de trabajo para avanzar en la búsqueda de la convivencia pacífica y este no es un proceso sencillo por la magnitud del problema. El gran reto que tiene el país frente a esa realidad es que se tiene que asegurar que todas sus instituciones tengan presencia en los territorios en donde todavía no se llega, pero en donde hay unas necesidades y respuestas por atender para miles de personas por parte del Estado.