Procuraduría trasladó a la Fiscalía casos de cobros coactivos indebidos en varias Eses

La Procuraduría General de la Nación envió a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al operador disciplinario, los casos en los que los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado y algunos jueces de la república ordenaron y ejecutaron medidas de embargo contra los recursos públicos destinados a la seguridad social en salud, los cuales son inembargables, salvo en las excepciones permitidas por la Corte Constitucional.

Entre las Empresas Sociales del Estado afectadas por estas decisiones se encuentran: ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, ESE Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte, ESE Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá, ESE Pedro Nel Cardona de Arboletes, ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, ESE La Anunciación de Mutatá y ESE Hospital de II Nivel de San Marcos.

En la lista también aparece ESE Hospital La Divina Misericordia de Magangué, ESE Hospital San Juan Bautista, ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, Nueva ESE Hospital Dptal San Francisco de Asís, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, ESE San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia, ESE Centro de Salud con Camas de Montecristo Bolívar, ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, ESE Hospital San Agustín de Puerto Merizalde y ESE Hospital Local de Calamar.

En marzo de 2023, el Ministerio Público emitió la Circular 002, firmada por la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.

Esta circular, dirigida a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, jueces de la república y entidades bancarias subraya las disposiciones constitucionales y legales que prohíben el embargo de recursos públicos destinados a la seguridad social en salud, salvo en las excepciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, y la imposibilidad de que las E.S.E. inicien procesos administrativos de cobro coactivo.

El organismo de control detectó que algunos jueces y representantes de los centros hospitalarios ignoraron estas disposiciones legales y continuaron con los trámites de embargo, emitiendo providencias y actos administrativos que ordenan el embargo de los recursos destinados a la salud administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Adres.

Además, parece que algunos de ellos han amenazado con procesos judiciales y denuncias penales a las entidades bancarias que, en cumplimiento de la normativa, se han negado a llevar a cabo las medidas de embargo irregulares.

La Procuraduría también alertó sobre la posible existencia de abogados que asesoran a los representantes de las Eses para el ilegal cobro de estos recursos, con pactos de honorarios que podrían alcanzar hasta el 30% de las sumas recaudadas.

Asimismo, se informó a la Superintendencia Financiera sobre las presiones ejercidas sobre las entidades bancarias, con el fin de que se impartan instrucciones para enfrentar las amenazas dirigidas a obligarlas a ejecutar estas medidas que han resultado en la desviación y apropiación irregular de recursos de la seguridad social en salud.