La Procuraduría investigará posibles irregularidades en contratos adjudicados por Registraduría

La Procuraduría General de la Nación investiga dos procesos de contratación que suman cerca de 130.000 millones de pesos, los cuales involucran a la Registraduría Nacional. La delegada para la “Vigilancia Preventiva de la Función Pública”, Liliana Caballero, le notificó al registrador Alexander Vega, que recibió denuncias de presuntas irregularidades en la contratación para la compra de insumos para producir cédulas y tarjetas de identidad.

Los encargados del proceso actualmente son la firma Thomas Greg & Sons por su experiencia y número de contratos desarrollados que solo esa compañía tiene en su curriculum, y quiene actualmente se encuentra en la fase de observaciones para que les sea adjudicada la contratación que cuesta más de 10.000 millones de pesos.

Las denuncias se realizan a partir de la empresa Cadena SA. quien confirmo que el concurso para proveer los insumos se hizo de manera irregular, ya que se debió presentar unas muestras que debían cumplir con especificaciones técnicas que fueron dadas a conocer a los interesados el 4 mayo y solo les otorgaron un plazo de cinco días hábiles hasta el cierre del proceso. Plazo que para muchas empresas fue imposible producir y presentar, a excepción de la firma que contaba con las especificaciones de las muestras.

Cadena SA, indicó que las denuncias iban en relación a la transparencia y selección del contratista. Que era irregular que la otra compañía tuviera acceso a las especificaciones técnicas y el privilegio de aprovechar la etapa de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para aclarar dudas sobre documentos que los demás interesados no tenían conocimiento.

Entre 2013 y 2019, Thomas Greg & Sons ha sido la ganadora de la adjudicación de este contrato de insumos por un monto superior a 45.000 millones de pesos.

Por eso, la Procuraduría le solicitó al registrador Vega que revise las fechas establecidas en el cronograma, específicamente para la expedición de adendas teniendo en cuenta el poco tiempo previsto para su análisis y respuesta.

El otro proceso es por posible favorecimiento a la misma empresa en un contrato para realizar elección de consejos juveniles. Ya que es quien ha realizado la logística de las elecciones. El contratista fue definido sin que otras dos empresas interesadas pudieran presentar a fondo sus propuestas, por lo que las compañías que han hecho las denuncias califican las condiciones de “amañadas” y diseñadas a la medida de este consorcio elegido.

También se están revisando otras denuncias similares por parte de otras empresas por los contratos y favorecimientos que ha tenido la Registraduría frente a esta empresa.