Las críticas al Decreto 575 que pretende mitigar el Covid-19 en el sector transporte

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Hace poco el presidente Iván Duque expidió el Decreto 575 de 2020, por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia en el sector transporte e infraestructura. A este, se le han realizado varias críticas y una ellas es el artículo 10, que hace referencia a la práctica restrictiva de la competencia.

El decreto 575 en su artículo 10 crea una nueva conducta restrictiva al régimen de protección de la libre competencia, que consistente en: “el incumplimiento en la fecha pactada para el pago de una obligación dineraria por parte de cualquier contratista que tenga a su cargo la ejecución de un contrato estatal de infraestructura de transporte, obras públicas y construcción, proveedores que tenga la calidad de Pyme o MyPyme luego de contar con una factura debidamente aceptada por la entidad contratante”.

Es decir, que convierte en práctica restrictiva la competencia, el retraso del pago de las facturas en los que incurran los contratistas de infraestructura con las Pyme. Básicamente si una empresa se atrasa en el pago de las facturas de un contrato estaría incumpliendo la normativa de competencia señalada en los artículos mencionados y podría ser sancionado con multas de un gran valor.

Para el abogado Gabriel Ibarra, socio de Ibarra Abogados, esto es “inconstitucional” por varias razones: “la primera por temas de conexidad, porque no se advierte cómo esa medida puede contribuir a solventar la crisis generada por el Covid-19. Segundo, genera dudas respecto de la proporcionalidad e idoneidad, como quiera que convierte el incumplimiento de una obligación contractual en una conducta restrictiva de la competencia (...) Lo otro es que no se entiende de que manera esa conducta puede llegar a restringir la competencia y, además, no es claro porque una conducta pueda ser anticompetitiva en la época del Covid-19 y cuando pase la emergencia deje de serlo o pierda esa naturaleza”, aseguró.