Las ‘perlas’ que encontró la Procuraduría en el manejo del PAE

La revelación de la Procuraduría General de la Nación fue clara: la cartelización de la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el país es una realidad irrefutable que afecta de manera directa la nutrición de los niños y niñas que se deben beneficiar de este programa.

El hallazgo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría no solo señala que cinco personas tienen la mayor cantidad de los convenios para el PAE, sino una serie de hechos que sorprenden.

COLPRENSA conoció detalles de esta investigación sobre algunas prácticas que llaman la atención de la Procuraduría y que están bajo examen para determinar si hay o no responsabilidades disciplinarias, dado que la entidad no investiga a contratistas sino a servidores públicos y solo puede investigar a particulares que manejen dineros públicos.

Por ejemplo, se encontró que los dineros de los convenios entregados a los operadores se han usado para pagar deudas entre los integrantes de algunos de los consorcios encargados de operarlos o que eran retirados por cajero.

Igualmente, la entidad encontró que se hacía legalización de pagos por caja menor sin los soportes necesarios o que los precios consignados sobre las raciones de alimentos no corresponden con los precios reales de los alimentos.

Incluso, hay casos donde se entregaban raciones divididas a los niños, para certificar la entrega efectiva de los alimentos a todas las instituciones educativas objeto del convenio, pero que solo se entregaban en la práctica a un colegio.

Por si fuera poco, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales encontró una especie de patrón en la contratación del PAE, que permite explicar por qué falla y por qué se permite tanta concentración de la misma, año a año, entre el 2013 y el 2017.

Aunque no toda la concentración implica corrupción, este hecho permite develar porqué el Procurador Fernando Carrillo consideró que se debe modificar la forma como se hace la contratación del PAE.

Primero, porque el 79 % (1.032 convenios) de la contratación se hizo de manera directa, cuando debe ser una licitación con varios oferentes o un concurso de méritos. Incluso, hay un caso de una contratación directa en Apartadó, hecha por urgencia manifiesta, a una empresa del Valle del Cauca.

Además, los operadores aparecen contratando en varias regiones y de maneras diferentes. Se pueden presentar como una empresa o como parte de una Unión Temporal o de un Consorcio, aun si están en un proceso de sanción por incumplimiento. Incluso, se explicó a COLPRENSA que, si un contratista llega a quedar inhabilitado, la experiencia que tiene no puede ser usada en futuros procesos.

Esto podría explicar que hay cinco representantes legales que han suscrito más convenios PAE entre 2013 y 2017, como anunció el procurador Carrillo.

Por ejemplo, Luisa Fernanda Flórez Rincón, quien hoy está detenida, aparece como representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada y la Unión Temporal Alimentación Escolar Santander 2016, con operaciones en Huila, Meta, Santander y Tolima.

Germán Almaza Hernández figura como representante legal del Convenio Interinstitucional de Asociación, Fundación Veve Colombia, Fundación Vive Colombia, Germán Almanza Hernández, La Unión Temporal Nutrialianza, Unión Temporal Nutrialianza 2013, con operaciones en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.

Igualmente, Ivis del Carmen Rosado Robles figura como representante legal de la Asociación de Manipuladores de Alimentos de Cesar – Asoalimentarse; Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, Consorcio Educación a Salvo, Ivis del Carmen Rosado Robles, Consorcio Alimentos Juntos, con operaciones en La Guajira, Cesar y Magdalena.

Noel Rodríguez Cubides figura como representante legal de Noel Rodríguez Cubides y Unión Temporal Maná 2014, con operaciones en Antioquia.

POR REGIONES

El procurador Carrillo anunció que hay 152 procesos disciplinarios por irregularidades en el PAE, de las cuales 104 son indagaciones preliminares (73 se adelantan a nivel regional y 31 a nivel central), y 45 investigaciones disciplinarias como tal (25 regionales y 20 a nivel regional).

Además, hay un caso pendiente para fallo que es el proceso a la secretaria de Educación de Norte de Santander, María Fabiola Cáceres Peña, por falta de supervisión del convenio 003 de 2016 con la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa por $9.000 millones.

En este caso, se encontró que el operador incurrió en posibles incumplimientos en la rotulación de alimentos, gramaje y componentes de las raciones, falta de rigor en las minutas, información engañosa en el empaque del producto Pan de Queso, incumplimientos en los valores calóricos de las raciones, entre otros.

En Norte de Santander, desde Bogotá se adelanta ese caso y una indagación preliminar; mientras que la regional del departamento maneja una indagación y la Provincial de Cúcuta tres investigaciones más.

“De los seis procesos disciplinarios, en tres involucra irregularidades en la contratación con la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa”, señaló una fuente a COLPRENSA.

En el caso de Santander, hay cuatro indagaciones y una investigación. De estas, tres indagaciones las adelanta el nivel central, por parte de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal y tiene que ver con un convenio celebrado entre la Alcaldía de Floridablanca, Santander y la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa.

En Antioquia cursan tres indagaciones, en el Tolima cinco, en Caldas una, en Bolívar una, en La Guajira siete y en el Magdalena dos.

CASO DEL EXALCAL DE CARTAGENA, MANUEL DUQUE

En medio de esta investigación, la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso en contra del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, por las presuntas irregularidades en la implementación y ejecución de PAE.

Concretamente, se investigan deficiencias en el proceso de planeación y por qué el mandatario acudió a la urgencia manifiesta tres meses después de la fecha en que debieron contratarse las raciones PAE para 83.974 estudiantes.

La urgencia manifiesta fue decretada el 8 de abril de 2016 y cinco días después (13 de abril), la alcaldía de Cartagena y la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Colombiano, Redcom, firmaron un contrato directo por $8.427 millones.

Para la entidad, con la urgencia manifiesta no habría sido posible adelantar una licitación pública, ni seleccionar de manera objetiva al contratista, porque el proceso debió iniciarse a partir del comienzo del calendario escolar o desde el 29 de febrero de 2016.

Igualmente, por irregularidades en la ejecución del PAE, la entidad abrió investigación disciplinaria al alcalde municipal de San Juan del Cesar (La Guajira), Carlos Julio Orozco Guerra, y a la secretaria de Gobierno y Educación, María Auxiliadora Amaya Ortega.

LAS RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional que adopte cambios en el modelo de prestación del PAE, incluyendo reformas inmediatas en los mecanismos y tiempos como se transfieren recursos a los entes territoriales, el tipo de contratos y la selección de los contratistas.

Se pidió que el Gobierno diseñe y ponga en marcha un modelo que permita articular los sectores salud, protección social y educación, para que de manera periódica se revise el estado nutricional de los estudiantes beneficiarios del PAE y se puedan prevenir casos de desnutrición y deserciones escolares.

Igualmente, se solicitó que las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud asuman desde 2018 la vigilancia de la calidad y oportunidad del complemento alimenticio que reciben los estudiantes, así como las condiciones de salubridad de los mismos.

La entidad solicitó que Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente diseñen un esquema de vigilancia de cumplimiento del contrato y que se reporte en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información (CHIP), la destinación de los recursos PAE para poder hacer seguimiento.