Los candidatos con aval pero inhabilitados pagarían hasta cinco años de cárcel
“Aquí hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, algunos sabían que sus candidatos estaban inhabilitados y de todos modos avalaron sus candidaturas. El Consejo Electoral los investigará”.
15 de agosto de 2019
Entre tres y cinco años de prisión podrían enfrentar los candidatos inhabilitados a quienes la Fiscalía General les demuestre que cometieron por lo menos la tentativa de algunos de los 16 delitos electorales que existen.
En este momento, la entidad está revisando las causales de inhabilidad para determinar cuáles están en el tipo penal, como constreñimiento al elector o fraude al mismo. Quienes reciban financiación de fuentes ilícitas, además de enfrentar sanciones administrativas ante el Consejo Nacional Electoral, también podrían recibir multas de hasta 1.200 salarios mínimos.
La entidad también tendrá que encontrar si algún candidato está recibiendo dinero de fuentes ilícitas, ya sea provenientes de sus propias cuentas o de terceros. Para esto, la Fiscalía utilizará la información que cada uno debe reportar en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.
Con esta información se detectará qué financiadores tienen procesos de financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o están relacionados con procesos de extinción de dominio.
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar la responsabilidad administrativa y las sanciones, en caso de ser necesarias, para los partidos políticos que sabían sobre las inhabilidades de los candidatos que avalaron, ignorando dicha información que según la Procuraduría está disponible en la Ventanilla Única.
El partido político que más avales entregó a candidatos inhabilitados, según los datos de la Procuraduría, es el Conservador con 113 inhabilitados, seguido de Colombia Renaciente con 66 candidatos inhabilitados y en tercer lugar es el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia con 64 registros.
LOS CONTRASTES
Fernando CarrilloProcurador general
“Aquí hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, algunos sabían que sus candidatos estaban inhabilitados y de todos modos avalaron sus candidaturas. El Consejo Electoral los investigará”.
Miguel GonzálezAbogado penalista
“La Fiscalía tiene que tomar uno a uno los implicados y abrir investigaciones individuales para determinar si realmente cometieron delitos. Pero eso no implica que no puedan participar en política”.
En total, la Procuraduría identificó que, de los 117.822 aspirantes inscritos, 694 candidatos a las elecciones de octubre estaban inhabilitados.
De acuerdo con la información, ningún candidato a la Gobernación está inhabilitado, para las Alcaldías hay 20 inhabilitados, mientras que para las Asambleas hay 11 y para los Concejos municipales, la corporación que más candidatos inscritos tiene, hay 602 inhabilitados. Entre los candidatos a ediles, se identificaron 61 inhabilitados.
Por departamentos, Antioquia es el que más candidatos a Alcaldías tiene inhabilitados con un total de cuatro, seguido de Boyacá con tres.
Cauca y Meta tienen dos candidatos a alcalde inhabilitados cada uno, mientras que otros nueve departamentos, entre ellos Atlántico, Santander y Chocó, tiene un candidato inhabilitado cada uno.
Durante una rueda de prensa conjunta entre la Fiscalía General y la Procuraduría, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, le recordó a los candidatos inhabilitados que pueden enfrentar consecuencias penales dependiendo del delito electoral que cometan.
Por su parte el procurador General, Fernando Carrillo, aprovechó la oportunidad para lanzar una directiva que le solicita a todas autoridades nacionales y regionales la creación de una ruta de protección especial para los líderes y lideresas sociales que son candidatos a corporaciones públicas, en especial a la Comisión Nacional de Seguridad, para evitar que atenten contra ellos en estos meses.
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