Los directivos de Reficar, a responder por cuatro delitos relacionados con las obras

Siguiendo con el proceso que se adelanta en contra de los directivos de Reficar por los sobrecostos de la obra, la Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 16 de garantías de Bogotá que a los presuntos responsables se les imputaran los delitos de celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento.

Entre los acusados se encuentran Orlando José Cabrales y Reyes Reinoso Yánez, expresidentes de la Refinería de Cartagena; Felipe Laverde Cardona, ex vicepresidente Ejecutivo del Downstream; Philip Kent Asherman y Massoud Deudehban, directivos de CB&I en 2013.

Estos últimos atendieron la audiencia virtualmente, ya que residen en Estados Unidos, y por ellos, en horas de la mañana, se tuvo que aplazar la audiencia por problemas con la traducción en simultánea.

Por otra parte, el ente liderado por Néstor Humberto Martínez decidió retirar la imputación de cargos a Nicolás Isaksson Palacios, representante legal de Reficar en 2013, luego de que solicitara aplazamiento por inasistencia.

Cabe recordar que a finales de abril, el ente acusador identificó un peculado por más de $610.000 millones en estas obras, por tal razón, fueron llamados a imputación de cargos los expresidentes de Reficar, anteriormente mencionados.

En su momento, la Fiscalía manifestó que, en medio de las investigaciones, se identificó que “el Estado asumió integralmente riesgos de la ejecución del proyecto” y por ello el país pagó bienes y servicios que no fueron prestados en la ejecución de estas obras.

Además, dentro de las ocho teras de información analizada por más de nueve meses por un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, se encontró que se realizaron pagos “irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto”, bajo modalidades como el pago de facturación por bienes o servicios no prestados; el pago por subcontrataciones no autorizadas por Reficar; pago por gastos suntuosos y extravagantes, no relacionados con el proyecto; y pago duplicado de costos.

Cabe resaltar que la Procuraduría y la Contraloría también están detrás de estos hechos, pues se identificó un detrimento patrimonial de $17 billones.