Los recientes escándalos de grandes comisionistas de bolsa no solo han afectado al mercado en general, sino que han minado la confianza del público en la realización de operaciones. El resultado, los inversionistas son cada vez más desconfiados y, por tanto, más enterados de los esquemas en que meten sus capitales.
No obstante, hay aún más esquemas ofrecidos que presentan graves falencias y en donde se deben buscar mecanismos para garantizar un mayor nivel de protección a los capitales invertidos. Esto no puede ni debe ser únicamente un esfuerzo privado por salvaguardar el dinero de los inversionistas, sino que constituye igualmente un interés de grandes proporciones para el Estado, que debe reforzar los mecanismos de control para garantizar que no haya un aumento tal de la desconfianza que ocasione mayores dificultades al momento de obtener liquidez para facilitar el progreso de la economía.
Brevemente, explicaré a continuación los inconvenientes que se pueden presentar, particularmente en el caso de las llamadas libranzas a través de negocios de compra de libranzas con el beneficio de un descuento en la compra.
En principio, debe dejarse claro que las libranzas son, en términos generales, órdenes que dan los empleados a sus empleadores de realizar descuentos periódicos de sus pagos de nómina para atender obligaciones adquiridas mediante préstamos de dinero. Las libranzas se erigen entonces como una garantía para el prestamista que, en muchas ocasiones, es una Cooperativa.
En principio el negocio se constituye cuando un inversionista privado decide entregar su dinero a una cooperativa para que esta lo ubique en el mercado, prestándolo a asalariados que dan a cambio como garantía un pagaré en blanco y la libranza para autorizar el descuento de su nómina. El inversionista no gana un interés por el dinero invertido, sino simplemente un descuento en la cartera que adquiere y la diferencia entre el dinero invertido y la cartera comprada a descuento, es la utilidad del inversionista.
Este tipo de operaciones y, en general el sistema de funcionamiento de las libranzas, ha sido recientemente regulado por la ley 1527 de 2011, en donde se regulan temas tan importantes como las obligaciones del beneficiario del crédito (deudor), de la operadora de libranzas (cooperativa en muchos casos) y la entidad pagadora (empleador encargado de hacer los descuentos de nómina mensualmente).
No obstante lo anterior, la falta de control de los organismos correspondientes, así como la inactividad de la Superintendencia de Economía Solidaria (encargada de vigilar en este caso a las cooperativas), ha llevado a graves situaciones en donde los inversionistas no ven satisfechos los pagos y, para colmo de males, se les reducen los caminos judiciales para poder hacerlo.
Los problemas son amplios y muy variados, partiendo principalmente de los malos o inexistentes estudios de crédito hechos a las personas o su baja capacidad de endeudamiento, lo que ocasiona por supuesto cesaciones de pagos. Por otro lado, las operaciones de crédito son hechas sin control alguno y los casos en que sin inconvenientes se realiza el descuento, no hay garantía alguna de que las cooperativas (que es a quién los empleadores consignan los dineros) giren a su vez a los inversionistas.
Al final de esta complicada cadena y pese a tener garantías, contratos y la confianza en que el sistema vigila el correcto ejercicio de este tipo de actividades, el inversionista se ve enfrentado a que, pese a que la cooperativa no le realizó el pago, dichos dineros ya no están en sus arcas y se desconoce su paradero. La ejecución judicial de las cooperativas o sus representantes es infructuosa debido a iliquidez y, a final de cuentas, las posibilidades de recuperar lo que parece una inversión segura se disminuyen drásticamente.
Frente a este esquema lo único que cabe preguntarse es, ¿que se debe hacer? ¿Qué están haciendo los entes del control del Estado para prevenir estas situaciones? ¿Cómo identificar mecanismos para lograr invertir el dinero minimizando este tipo de riesgos?
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El Ministerio acudirá al grado de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá con la finalidad de demostrar la improcedencia del incidente desacato
