Michelle Bachelet prevé nuevas movilizaciones sociales por los efectos de la pandemia

Los efectos de la pandemia sobre la población latinoamericana y del Caribe podrá desatar una nueva oleada de manifestaciones sociales según las previsiones de Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según la funcionaria, los efectos colaterales del virus en la vida socioeconómica se verán representados en protestas a lo largo del continente.

Bachelet agregó que los gobiernos deberán estar atentos a tomar medidas preventivas para suplir las necesidades exigidas por la población. La seguridad social, discriminación, trabajadores informales, desigualdades estructurales y economías poco diversificadas son los problemas que enumeró la funcionaria ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por esta razón, según la comisionada, habrá "una gran crisis socioeconómica y humanitaria", pues en la región hay indicadores que arrojan una tasa de pobreza de 37% y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe tiene las alarmas encendidas ante lo que ellos llaman "una década perdida", producto de una de las contracciones más pronunciadas en la historia de la región.

Bachelet agregó que las protestas y movilizaciones sociales estallarán en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú para alzar la voz contra la discriminación, la corrupción y la promoción de los derechos humanos. Para la funcionaria, crisis ocasionada por la pandemia podría acentuar el descontento social que está siendo mitigado por varios países al tomar decisiones sobre una eventual revuelta social

Las medidas para evitar las sublevaciones constan de "garantías de participación efectiva en la respuesta socioeconómica a la pandemia", además de protección de las libertades relacionadas con la asociación y reunión. Estricto apego al Derecho Internacional durante las revueltas también es uno de los aspectos a los que se le ha apostado según la funcionaria.

Problemas migratorios

Bachelet apuntó con su discurso a los gobiernos por el endurecimiento de los controles fronterizos y el uso de la fuerza pública para controlar a los migrantes en toda la región; la comisionada afirmó que la militarización de la gestión de fronteras de Ecuador, Perú y Chile es preocupante dado el éxodo venezolano que está estimado en alrededor de 5 millones de personas.

Finalmente, mostró su preocupación por los datos que apuntan a que los migrantes y refugiados estarían siendo expulsados de las naciones sin respetar su "vulnerabilidad o necesidades de protección".